Pocas semanas después de asumir la Presidencia, José Antonio Kast resumió con una frase el diagnóstico económico de su Gobierno. Al contar que no podía reparar un piano instalado en el Palacio de La Moneda porque «no hay plata», el mandatario inauguró una narrativa que luego repetirían varios de sus ministros: las finanzas públicas estaban exhaustas y era necesario emprender un severo ajuste del Estado.
Desde entonces, el Ejecutivo ha impulsado un programa de austeridad inspirado en la reducción del gasto público. El Gobierno anunció recortes presupuestarios cercanos a los US$2.000 millones, defendiendo la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, contener el aumento de la deuda pública y reducir el déficit sin eliminar programas sociales. Sin embargo, los ajustes alcanzaron áreas sensibles como salud y educación, provocando protestas estudiantiles y fuertes críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de trasladar el costo del ajuste a los servicios públicos.
En ese contexto nació el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, cuya pieza central es la llamada megarreforma tributaria y económica. Para Kast, la recuperación del crecimiento pasa por reducir la carga tributaria sobre las empresas, simplificar regulaciones consideradas excesivas y ofrecer mayor certeza jurídica a los inversionistas. Sus detractores, en cambio, sostienen que la iniciativa reducirá la recaudación fiscal en un momento de estrechez presupuestaria y beneficiará principalmente a los grandes grupos empresariales, sin garantías de que se traduzca en más inversión o empleo.
La aprobación parlamentaria de esa reforma coincidió esta semana con el lanzamiento de una segunda gran prioridad del Ejecutivo: una amplia agenda legislativa para combatir el crimen organizado. Con ello, Kast busca consolidar los dos pilares sobre los que construyó su campaña presidencial —crecimiento económico y seguridad—, aunque ambas iniciativas siguen enfrentando importantes desafíos políticos, jurídicos y económicos antes de desplegar plenamente sus efectos.
La megarreforma tributaria: ¿menos impuestos para estimular la inversión?
La reforma aprobada por el Congreso constituye el proyecto económico más importante del Gobierno de Kast. El paquete modifica 36 leyes y 15 decretos, e incorpora cambios tributarios, regulatorios y de inversión destinados, según el Ejecutivo, a devolver dinamismo a una economía que lleva años creciendo por debajo de su potencial.
«Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir»
Su medida más emblemática es la reducción gradual del impuesto a las utilidades de las empresas, que pasará del 27 % al 23 % en 2029. El Gobierno sostiene que esa rebaja permitirá liberar recursos para que las compañías inviertan más, expandan sus operaciones y creen nuevos empleos.
«Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas para que tengan más dinero para invertir», ha defendido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien sostiene que el principal desafío del país no es aumentar la recaudación, sino acelerar el crecimiento económico.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Pero la reforma va mucho más allá de esa reducción tributaria. También contempla la integración plena entre los impuestos que pagan las empresas y los que pagan sus propietarios, de manera que estos puedan utilizar íntegramente el tributo empresarial como crédito contra sus impuestos personales.
El proyecto incorpora además la exención del IVA para la compra de viviendas, incentivos temporales para la repatriación de capitales, créditos tributarios para la contratación laboral, un régimen de estabilidad tributaria durante 25 años para inversiones superiores a US$50 millones y una serie de modificaciones destinadas a agilizar permisos ambientales y administrativos, en respuesta a las críticas empresariales sobre la denominada «permisología».
Aun así, la implementación de la reforma sufrirá retrasos. El Ejecutivo presentó vetos para eliminar varios artículos incorporados por la oposición —como el denominado derecho al olvido financiero o cambios relacionados con los intereses por mora y los pagos a pequeñas empresas—, mientras que el Tribunal Constitucional revisa impugnaciones sobre algunos de los aspectos más sensibles del proyecto, entre ellos el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
El debate económico: entre la apuesta por el crecimiento y el riesgo fiscal
La rebaja del impuesto corporativo concentra buena parte del debate económico.
El Gobierno argumenta que Chile perdió competitividad durante las últimas dos décadas, mientras muchos países redujeron la tributación empresarial. Kast sostiene que entre el año 2000 y la actualidad la carga tributaria corporativa promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos descendió significativamente, mientras Chile la elevó desde el 15 % hasta el 27 %.
La tendencia general es correcta, aunque la comparación admite varios matices. En numerosos países de la OCDE las tasas incorporan impuestos nacionales y locales, lo que explica que economías como Alemania o Japón mantengan cargas cercanas al 30 %, mientras otras como Irlanda o Hungría presentan niveles considerablemente menores.
Los economistas favorables a la reforma suelen citar ejemplos como Estonia o Irlanda, donde sistemas tributarios más competitivos han favorecido la inversión. Sin embargo, especialistas advierten que comparar únicamente las tasas legales puede conducir a conclusiones engañosas, ya que cada país aplica deducciones, créditos fiscales e incentivos distintos. De hecho, los organismos internacionales suelen analizar la denominada tasa efectiva, es decir, lo que realmente pagan las empresas una vez aplicados esos beneficios.
Para los críticos, el principal riesgo es que la rebaja tributaria reduzca de manera permanente los ingresos fiscales sin generar el crecimiento esperado.
La economista Andrea Repetto sostiene que la propuesta tiene «costos claros y beneficios inciertos», al considerar improbable que el mayor crecimiento compense completamente la pérdida de recaudación. El exministro de Hacienda Andrés Velasco también ha cuestionado el planteamiento oficialista recordando experiencias como la reducción de impuestos impulsada por Ronald Reagan en Estados Unidos, que terminó acompañada por un aumento del déficit público.
Otros expertos recuerdan además la experiencia de la reforma tributaria impulsada por Donald Trump en 2017. Aunque redujo el impuesto federal a las empresas del 35 % al 21 %, diversos estudios concluyeron posteriormente que una parte importante del ahorro tributario terminó destinada a recompras de acciones y distribución de utilidades, más que a nuevas inversiones productivas.
En Chile, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el proyecto tendrá un impacto fiscal negativo y podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas si el crecimiento económico esperado no compensa la caída inicial de ingresos. El Fondo Monetario Internacional también señaló que la iniciativa exigirá esfuerzos adicionales para cumplir las metas de déficit y deuda pública.
Para el Ejecutivo, en cambio, la reforma constituye el primer paso para elevar el crecimiento hasta el 4 % al término del mandato, reducir el desempleo y recuperar la confianza de los inversionistas.
La segunda gran apuesta: endurecer la lucha contra el crimen
Con la aprobación de la megarreforma prácticamente asegurada, Kast aprovechó una cadena nacional para anunciar el siguiente gran eje legislativo de su Gobierno: una Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) integrada por más de 30 proyectos de ley, algunos ya en tramitación y otros que serán enviados próximamente al Congreso.
La iniciativa comienza con una reforma constitucional que incorporará expresamente el deber del Estado de proteger la seguridad de las personas, una modificación que, según el mandatario, permitirá ampliar el margen de actuación de las autoridades frente al crimen organizado.
Entre las principales medidas anunciadas figuran la tipificación como delito de la mera pertenencia a una organización criminal, con penas agravadas; la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y terroristas; el endurecimiento de las penas para quienes recluten menores de edad; la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas; un régimen penitenciario especial para narcotraficantes; el decomiso y destrucción de bienes procedentes del crimen organizado mediante una nueva agencia estatal y la ampliación de la retención administrativa y de las expulsiones de migrantes en situación irregular.
Kast también anunció que determinadas acciones destinadas a bloquear vías públicas, como barricadas u obstáculos instalados ilegalmente, podrán ser tipificadas como delito.
El mandatario afirmó que espera que este paquete legislativo pueda quedar aprobado antes de Navidad y aseguró que la nueva estrategia permitirá perseguir a las organizaciones criminales de forma integral, atacando simultáneamente sus estructuras, sus recursos económicos y su control territorial.
Las primeras reacciones de la oposición fueron críticas. Algunos dirigentes cuestionaron la ausencia de medidas como el levantamiento del secreto bancario para investigar el patrimonio de las organizaciones criminales, mientras otros advirtieron sobre el riesgo de ampliar facultades estatales sin fortalecer simultáneamente los mecanismos de control institucional.
¿Cómo está el escenario de seguridad en Chile?
Aunque Chile continúa figurando entre los países con menores índices de homicidios de América Latina, el deterioro de la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.
La tasa de homicidios alcanzó 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, aproximadamente el doble que hace una década. Paralelamente, aumentaron delitos como los secuestros, las extorsiones y el narcotráfico, impulsados en parte por la expansión de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua.
Chile no es un gran productor de drogas, pero su red portuaria lo ha convertido en un importante punto de tránsito hacia mercados de Asia, Europa y Estados Unidos, una condición que ha favorecido el asentamiento de redes criminales internacionales.
El combate contra esa nueva realidad constituye uno de los principales desafíos para el Gobierno de Kast, que llegó al poder prometiendo una política de «mano dura» frente al crimen y la migración irregular. Tras conseguir uno de sus mayores triunfos legislativos en el terreno económico, el Ejecutivo abre ahora una nueva batalla parlamentaria con la intención de transformar también el marco jurídico de la seguridad pública. La evolución de ambas reformas marcará buena parte del rumbo político y económico de Chile durante los próximos años.
Con Reuters, EFE y AFP
