Al menos 18 personas fueron detenidas durante el operativo policial contra manifestantes
Más de 1,500 personas resultaron heridas y al menos 18 fueron detenidas durante la represión policial de una manifestación realizada frente al Congreso argentino, según denunció este viernes la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que calificó el operativo como uno de los más violentos de los últimos años.
Entre los lesionados figuran 20 profesionales de la prensa, de acuerdo con la información difundida tras la jornada de protesta. Una fotorreportera sufrió un bastonazo en la cabeza que le provocó una fractura en la base del cráneo y daños en el oído izquierdo. La periodista permanece hospitalizada bajo observación y evaluación neurológica, aunque fue reportada como estable.
El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, denunció una nueva escalada represiva contra los trabajadores de los medios y sostuvo que el operativo buscaba desalentar la movilización e impedir que los hechos fueran registrados.
La Policía Federal, junto con efectivos de la Prefectura y la Gendarmería, inició la intervención alrededor de las 16:30, hora local, cuando comenzó a incrementarse la presencia de manifestantes en la plaza frente al Congreso.
Según la CPM, durante al menos cuatro horas las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y de byrna, además de palazos y escudazos. También avanzaron con camiones hidrantes para dispersar a los participantes.
La Comisión Provincial por la Memoria describió la movilización como una de las marchas que terminó con mayor violencia en los últimos años por el accionar policial, al señalar que fue una jornada particularmente violenta y extendida en tiempo y distancia.
La protesta se produjo contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo. El rechazo social, sindical y político consiguió que al proyecto se le retiraran dos de sus capítulos más controversiales: el relacionado con la extranjerización de tierras y la reforma a la Ley del Fuego, que permitiría la privatización y venta de terrenos boscosos afectados por incendios forestales.
Tras la derrota legislativa, el Ejecutivo de Javier Milei denunció penalmente a los manifestantes y advirtió sobre la posibilidad de aplicar penas de cinco, 15 o 30 años de prisión.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, presentó la denuncia penal contra los manifestantes. Con datos de PL.
