A 13 años del fallo del Tribunal Constitucional, reclaman soluciones para dominicanos de ascendencia haitiana
Santo Domingo.- Trece años después de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, organizaciones sociales vuelven a poner sobre la mesa la situación de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que, según denuncian, todavía enfrentan obstáculos para obtener documentos, ejercer plenamente su nacionalidad y vivir con seguridad jurídica.
El pronunciamiento, divulgado este 22 de septiembre bajo el lema «La nacionalidad no se borra: se garantiza», sostiene que las consecuencias de aquella decisión continúan afectando a personas nacidas en República Dominicana y plantea el cierre definitivo de lo que califican como un ciclo de desnacionalización, apatridia, inseguridad documental y discriminación.
Las organizaciones recuerdan que entre 1929 y la entrada en vigor de la Constitución de 2010 el orden constitucional dominicano reconocía el principio de jus soli, con las excepciones establecidas en las propias constituciones. Afirman que bajo ese régimen nacieron generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana que fueron inscritas en el Registro Civil y, en numerosos casos, recibieron documentos expedidos por el Estado.
Según el documento, la Sentencia 168-13 introdujo una nueva interpretación del régimen de nacionalidad cuyos efectos alcanzaron a personas nacidas décadas antes. Para los afectados, sostienen las organizaciones, esto significó una ruptura de la seguridad jurídica sobre una condición que había sido reconocida.
El pronunciamiento también señala antecedentes administrativos relacionados con el Registro Civil, entre ellos la Circular 017 y la Resolución 012 de la Junta Central Electoral, que —según las entidades firmantes— contribuyeron a crear un escenario de suspensión y cuestionamiento documental.
Las organizaciones consideran que la Ley 169-14, aprobada como respuesta a la crisis, no solucionó todos los casos. Cuestionan particularmente la división entre los denominados Grupo A y Grupo B, al entender que estableció tratamientos diferentes para personas afectadas por una misma crisis de nacionalidad y documentación.
El reclamo adquiere también una dimensión cotidiana. El documento menciona dificultades para estudiar, recibir títulos universitarios, acceder a empleos formales, realizar trámites, declarar hijos y ejercer la libertad de tránsito.
Además, las entidades denuncian casos en los que dominicanos de ascendencia haitiana habrían sido cuestionados por agentes de migración en centros de salud, incluso mientras recibían atención médica. También expresan preocupación por jóvenes nacidos y criados en República Dominicana que, según afirman, han sido detenidos y expulsados hacia Haití.
Ante esta situación, las organizaciones exigen al Estado garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de la nacionalidad de quienes tengan derecho a ella, resolver los casos pendientes derivados de la Ley 169-14 y poner fin al perfilamiento racial basado en color de piel, rasgos físicos, apellidos o ascendencia.
También reclaman mecanismos efectivos para verificar identidad y nacionalidad antes de cualquier actuación que pueda conducir a una expulsión, investigar denuncias de actuaciones arbitrarias o discriminatorias y cumplir integralmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico.
Finalmente, proponen reconocer oficialmente el 23 de septiembre como Día Nacional de la Lucha contra la Apatridia, como fecha de memoria, conciencia, reparación y garantía de no repetición.
El pronunciamiento está firmado por Reconoci.do, MOSCTHA, MUDHA, Ciudad Alternativa, RECORPODET, CPN, ASOMUJJO, Fundación Código Humano, Servicio Jesuita con Migrantes-República Dominicana, CNDH, Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Asociación de la Comunidad Migrante Dominico-Haitiana, CEDUCA y MST.
