Fiscalía rechaza impunidad tras asalto armado cometido con pistola oficial.
El Ministerio Público anunció que apelará de manera formal la polémica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago que dejó en libertad a un hombre acusado de asaltar a mano armada a una mujer de 70 años de edad.
El órgano persecutor calificó la decisión judicial de infundada y carente de lógica jurídica, debido a que el imputado actuó en complicidad con un ex agente de vigilancia carcelaria que sí resultó condenado a 10 años de prisión.
La impunidad temporal del asaltante ha generado una profunda preocupación en la ciudadanía, especialmente porque el asalto fue perpetrado a plena luz del día y utilizando una pistola oficial asignada por el Estado dominicano.
Impunidad y disparidad en las condenas
El recurso de apelación busca revertir la absolución que favorece a Rafael Pérez Vargas (Cochito), señalado como el hombre que encañonó, amenazó y despojó de sus pertenencias a la víctima en el parqueo de un establecimiento comercial en el sector Jardines Metropolitanos de Santiago, el 28 de enero de 2025.
El dictamen del tribunal también será recurrido en lo relativo a Bladimil Rosario Vallejo, ex miembro de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, para quien la fiscalía solicita elevar la pena a 15 años de reclusión por asociación de malhechores y robo agravado utilizando su arma de reglamento.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscal litigante Aida Medrano Gonell ante las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, el ex agente penitenciario conducía una motocicleta Super Gato con la que interceptó a la envejeciente, mientras su cómplice descendía del vehículo para asaltarla, llegando a realizar dos disparos al aire que provocaron un cuadro severo de estrés postraumático en la víctima.
Evidencias científicas y de video ignoradas
La acusación, estructurada originalmente por la fiscal investigadora Vianela Guzmán desde el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, cuenta con pruebas periciales contundentes.
Entre las evidencias desestimadas por el tribunal figuran múltiples grabaciones de las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 que captaron la ruta de escape de los procesados, así como análisis balísticos forenses que vinculan los casquillos recuperados en la escena con la pistola Caranday de calibre 9 milímetros que el ex agente estatal portaba desde el año 2022.
La Fiscalía de Santiago ratificó que agotará todos los recursos legales disponibles en las instancias superiores para revertir esta sentencia, argumentando que la liberación de uno de los sospechosos desnaturaliza el valor de las pruebas testimoniales y debilita la lucha judicial contra la delincuencia en la provincia.
