Fundación remite denuncia sobre operación vinculada a El Cabo S.A. en Punta Cana.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó a la Procuraduría General de la República investigar una denuncia relacionada con la presunta transferencia irregular de 18 millones de metros cuadrados de terrenos en Punta Cana, valorados actualmente en más de US$3,000 millones, que, según los denunciantes, habría perjudicado a la empresa El Cabo S.A. y contado con la participación de organismos estatales.
La información fue dada a conocer por el director ejecutivo de la entidad, Cándido De Jesús, quien explicó que la organización recibió una denuncia presentada por inversionistas y abogados españoles sobre hechos ocurridos en 2023, cuando supuestamente la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) intervino en una transferencia de los terrenos ubicados en las parcelas 392 y 393 del Distrito Catastral 11/9na, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
De Jesús precisó que la FJT no posee facultades para investigar ni procesar judicialmente los hechos denunciados, por lo que su actuación consiste en remitir formalmente el caso a las autoridades competentes para que realicen las diligencias correspondientes.
Según la denuncia recibida por la fundación, los terrenos están vinculados a la empresa El Cabo S.A. y colindan con desarrollos de la zona de Cap Cana. Los denunciantes sostienen además que en 2025 se habría suscrito un presunto acuerdo transaccional cuya legalidad es cuestionada por los representantes legales españoles y sus abogados en República Dominicana.
El director ejecutivo de la entidad aclaró que todas esas afirmaciones forman parte de la denuncia presentada y deberán ser verificadas por los organismos competentes. Agregó que también se cuestionan supuestas irregularidades relacionadas con consentimientos, asambleas societarias y otros actos utilizados para formalizar la referida transacción.
La Fundación Justicia y Transparencia expresó preocupación porque, de acuerdo con la denuncia, el conflicto habría involucrado decisiones de tribunales de altas instancias. Señaló que, de comprobarse las irregularidades, podrían producirse consecuencias para la seguridad jurídica, la confianza de la inversión extranjera y el desarrollo del turismo en República Dominicana.
La organización exhortó a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Justicia, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y a las demás instituciones competentes a esclarecer los hechos y actuar conforme a la ley.
Asimismo, informó que continuará recopilando información mediante los mecanismos previstos en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública para remitir nuevos elementos a las autoridades.
De acuerdo con la denuncia, el litigio relacionado con El Cabo S.A. se extiende por más de 20 años.
Los denunciantes afirman que el propietario original era un ciudadano español radicado en el país y que actualmente su hija, también abogada española, representa los intereses familiares frente a un conflicto con familiares de un ciudadano cubano que reclama derechos anteriores a 1991, año en que, según la denuncia, la empresa obtuvo la propiedad de los terrenos.
La fundación indicó que el caso ha pasado por diversas instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Constitucional y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y consideró que la investigación permitirá fortalecer el Estado de derecho, la transparencia y la seguridad jurídica.
Además, sostuvo que este proceso representa una oportunidad para evaluar la aplicación del Nuevo Código Penal en materia de combate a la corrupción administrativa.
