Solicita declarar complejo el caso por fraude millonario contra SeNaSa
SANTO DOMINGO. El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra tres personas acusadas de integrar una estructura que presuntamente desvió fondos millonarios destinados a la atención de pacientes con cáncer del régimen subsidiado. El órgano acusador también pidió que el proceso judicial sea declarado de tramitación compleja debido a la magnitud de los hechos investigados.
La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y antigua auditora de la entidad.
Los tres fueron arrestados durante la Operación Onco14, una investigación encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago.
Investigación apunta a múltiples maniobras fraudulentas
Según el expediente, los imputados, junto a las razones sociales Vargas Lora & Asociados —actualmente Vargas Guzmán Accounting Center— y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado diversos mecanismos para sustraer recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La investigación identifica presuntas prácticas de fraude clínico y farmacéutico, incluyendo alteración de indicaciones médicas, utilización de sellos falsificados, doble facturación al sistema de salud y entrega incompleta de medicamentos a pacientes.
El Ministerio Público también señala la presunta venta de medicamentos donados, restricciones indebidas a programas de donación gratuita, contrabando aprovechando exoneraciones fiscales, tráfico de sustancias controladas y otras irregularidades relacionadas con el manejo de recursos de la institución.
Cargos por corrupción, tecnología y lavado de activos
Las autoridades sostienen que la estructura operaba de manera coordinada para obtener beneficios económicos mediante recursos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos atendidos en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Entre los delitos atribuidos figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.
Durante los allanamientos realizados como parte de la Operación Onco14, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, equipos electrónicos, documentos y títulos de propiedad que forman parte de la investigación.
Control prolongado del instituto
De acuerdo con el Ministerio Público, Héctor Antonio Lora Cruceta asumió la presidencia del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del IORC el 9 de octubre de 2018. Aunque los estatutos establecían un período de dos años, permaneció en el cargo hasta octubre de 2025.
La investigación sostiene que la presunta estructura contó con la colaboración de empleados y personas vinculadas a la institución, quienes habrían participado en maniobras destinadas a desviar fondos recaudados para la atención de pacientes con cáncer.
El Ministerio Público mantiene que las acciones investigadas causaron perjuicios al Estado dominicano y a los afiliados del SeNaSa. Ahora corresponderá al tribunal decidir sobre la solicitud de medida de coerción y la declaratoria de complejidad del caso, considerado uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes vinculados al sector salud en los últimos años.
