Nueva legislación busca fortalecer las finanzas públicas y generar confianza
Santo Domingo. En medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad económica, las tensiones financieras y los desafíos para las economías emergentes, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26 sobre medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, una normativa que busca reforzar la capacidad del Estado para enfrentar los efectos de la incertidumbre global sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.
La nueva legislación, aprobada previamente por el Congreso Nacional, constituye una de las principales apuestas del Gobierno para preservar el dinamismo de la economía dominicana en un contexto internacional complejo. Su contenido está orientado a promover el desarrollo sostenible, estimular la actividad productiva y fortalecer las condiciones que favorecen la creación de empleos y el bienestar de la población.
Asimismo, la ley establece mecanismos destinados a mejorar la gestión de los recursos públicos y fomentar una mayor cultura de cumplimiento tributario. Para ello, se fundamenta en principios como la equidad, la progresividad y la capacidad de pago, criterios que el Gobierno considera esenciales para garantizar una distribución más equilibrada de las cargas fiscales.
La promulgación de esta pieza legislativa ocurre en momentos en que diversos organismos internacionales han advertido sobre riesgos asociados a la desaceleración económica global, las fluctuaciones de los mercados financieros y las presiones derivadas de conflictos geopolíticos que impactan el comercio y la inversión.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo sostiene que resulta indispensable adoptar medidas que fortalezcan la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según la visión oficial, estas acciones permitirán mantener la confianza de los inversionistas, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar que el Estado disponga de herramientas suficientes para responder de manera oportuna a eventuales cambios en el entorno económico internacional.
De igual forma, la normativa busca aportar mayor previsibilidad a la gestión económica del país, un aspecto considerado clave para la toma de decisiones tanto del sector público como del privado.
Con la entrada en vigor de la Ley 30-26, el Gobierno apuesta a consolidar un marco de estabilidad que contribuya a proteger el crecimiento económico alcanzado en los últimos años y a fortalecer la resiliencia de la economía dominicana frente a los desafíos que plantea el escenario global.
