Diputado presenta libro sobre la Ley 63-17 y urge fortalecer la prevención vial
La República Dominicana destina cada año más recursos para atender las consecuencias de los accidentes de tránsito que para fortalecer la educación preventiva, una realidad que, según el diputado Tobías Crespo, refleja la urgencia de cambiar el enfoque de las políticas públicas en materia de seguridad vial.
El legislador de la Fuerza del Pueblo y exdirector de la desaparecida Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre hizo la afirmación durante la puesta en circulación de su libro «Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana: Historia, Transformación y Legado Institucional», actividad celebrada con la asistencia del expresidente Leonel Fernández.
Crespo sostuvo que la prevención representa una inversión mucho más rentable que el gasto destinado a atender víctimas de siniestros viales.
«Mientras más recursos las autoridades invierten en la educación para la prevención, menos se gastaría para la atención de las víctimas, familiares, heridos y fallecidos», expresó.
El congresista explicó que, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los costos derivados de los accidentes de tránsito —incluyendo atención médica, rehabilitación, pérdida de productividad y años de vida perdidos por discapacidad o fallecimiento— equivalen aproximadamente al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en la mayoría de los países y pueden alcanzar hasta un 5 % en economías de ingresos bajos y medios.
Asimismo, indicó que en el país el tratamiento de una persona politraumatizada por un accidente puede costar entre RD$300,000 y más de RD$2 millones, según estimaciones de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) y del sector sanitario.
«Estos gastos médicos trasladan una presión financiera masiva al Sistema Dominicano de Seguridad Social, generando déficits millonarios que obligan a realizar estudios actuariales de forma permanente», afirmó.
Crespo agregó que las aseguradoras desembolsaron RD$16,957 millones por accidentes de tránsito en un año, mientras que el costo total de los siniestros alcanzó RD$62,842 millones, con un promedio de RD$46 millones diarios destinados específicamente a accidentes viales.
El diputado también advirtió sobre la magnitud del problema humano detrás de las cifras.
«Los accidentes de tránsito representan una gran pandemia, con más muertes que hasta el Covid. Cada día fallecen entre ocho y nueve personas en República Dominicana y más de tres mil al año», lamentó.
Una obra para comprender la evolución de la Ley 63-17
Durante la presentación, Crespo explicó que el libro recoge el proceso histórico, institucional y legislativo que dio origen a la Ley 63-17, considerada una de las reformas más importantes para la organización del sistema de movilidad y transporte terrestre del país.
«Este libro recoge el proceso histórico, institucional y legislativo que dio origen a una de las reformas más importantes para la modernización del sistema de movilidad y transporte terrestre de nuestro país», afirmó.
El legislador manifestó su deseo de que la publicación sea incorporada como material de consulta en escuelas y universidades públicas y privadas, con el propósito de formar ciudadanos más conscientes sobre movilidad y seguridad vial.
La obra incluye un diagnóstico del sector previo a la aprobación de la legislación, el proceso de elaboración de la norma, análisis jurídico, propuestas de reformas institucionales, políticas públicas aún pendientes de ejecución, así como el texto íntegro de la Ley 63-17 y 20 de los 32 reglamentos aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), muchos de los cuales aún no han sido implementados.
El prólogo fue escrito por el director de Listín Diario, Miguel Franjul, mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director general de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero. Al acto asistieron magistrados del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, representantes del Tribunal Superior Electoral, la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral, senadores, diputados, familiares del autor e invitados especiales.
