La fiscal general de Nueva York, Letitia James y otros 16 fiscales estatales denuncian divulgaciones incompletas y reclaman acceso a los expedientes.
Nueva York. — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se unió a otros 16 fiscales generales estatales para solicitar al Congreso de Estados Unidos la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein II (EFTA II), una propuesta que busca ampliar los mecanismos de acceso a los expedientes federales relacionados con los delitos de Jeffrey Epstein.
En una carta dirigida a los principales líderes de la Cámara de Representantes y del La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 16 fiscales generales estatales instaron al Congreso de Estados Unidos a aprobar una nueva ley para garantizar la transparencia de los archivos de Jeffrey Epstein, proteger a las víctimas y sancionar la retención ilegal de documentos.Senado, la coalición pidió acelerar la aprobación de la iniciativa, al considerar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) no ha cumplido plenamente con las obligaciones de divulgación establecidas en la primera Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.
“La justicia para las víctimas de los horribles crímenes de Jeffrey Epstein requiere acceso completo a los registros”, afirmó James, quien sostuvo que la publicación de los documentos es necesaria para garantizar la rendición de cuentas y esclarecer los hechos.
La fiscal general también instó a los legisladores a respaldar la nueva propuesta para asegurar que la divulgación de los expedientes se ajuste a las exigencias legales y respete los derechos de las víctimas.
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Millones de documentos siguen retenidos
La primera Ley de Transparencia de los Archivos Epstein (EFTA I), aprobada por el Congreso, estableció que el Departamento de Justicia debía hacer públicos los registros relacionados con la investigación antes del 19 de diciembre de 2025.
Sin embargo, según la carta de los fiscales generales, el departamento divulgó solo una parte de los documentos antes de esa fecha y las publicaciones posteriores tampoco habrían satisfecho los requisitos establecidos. La coalición sostiene que millones de archivos permanecen retenidos, en ocasiones bajo argumentos de privilegio legal.
La comunicación también advierte que la publicación de documentos expuso información personal de al menos 43 víctimas, pese a las protecciones previstas para evitar la divulgación de datos sensibles.
Los fiscales generales señalaron que las autoridades estatales necesitan acceso a los expedientes completos y sin censura para investigar y procesar posibles delitos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, sostuvieron que las víctimas deben poder consultar la información relacionada con sus propios casos.
La carta cita el caso Phang contra Blanche, tramitado ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, como parte de los antecedentes judiciales relacionados con el cumplimiento de la legislación.
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Qué propone la nueva ley
La EFTA II busca reforzar los mecanismos legales para exigir la publicación de los archivos y establecer responsabilidades ante posibles incumplimientos. Entre sus principales disposiciones figuran:
- Crear un procedimiento judicial acelerado para que fiscales generales estatales, funcionarios autorizados, víctimas y miembros del Congreso puedan demandar al fiscal general federal por retener, retrasar o censurar ilegalmente documentos.
- Reconocer a los sobrevivientes el derecho a acceder a los registros completos relacionados con ellos y con los daños sufridos.
- Limitar el uso de privilegios del derecho consuetudinario, incluido el relativo al proceso deliberativo, para eludir las obligaciones de divulgación impuestas por el Congreso.
- Establecer sanciones federales para funcionarios que oculten, destruyan o retengan indebidamente archivos cuya publicación sea obligatoria, cuando actúen a sabiendas.
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Una coalición de 17 estados
Además de Nueva York, la petición cuenta con el respaldo de los fiscales generales de Arizona, California, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
La coalición sostiene que la nueva legislación permitiría fortalecer la supervisión judicial, mejorar el acceso a los documentos y proteger los derechos de las personas afectadas por los delitos investigados en el caso Epstein.
