La restitución se comunicó por teléfono y sin documentos oficiales, mientras un noveno inversor sigue sin recuperar sus activos inmobiliarios.
El Gobierno de Nicaragua devolvió esta semana propiedades a ocho de los nueve inversores estadounidenses afectados por la confiscación de inmuebles de lujo en las playas de Tola, en el suroeste del país, mientras mantiene bajo control estatal bienes valorados en unos 50 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 45 millones de euros, pertenecientes a un noveno afectado.
Según información divulgada por la cadena Telemundo 51, la restitución de los ocho complejos residenciales fue comunicada a sus propietarios por vía telefónica, sin que mediara documentación oficial ni una justificación formal sobre las medidas de incautación o devolución.
Las propiedades habían sido confiscadas mediante una orden ejecutada inicialmente a finales de agosto por las autoridades nicaragüenses. Los inmuebles habrían sido transferidos temporalmente al patrimonio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y posteriormente quedaron bajo control estatal.
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Un inversor continúa sin recuperar sus bienes
Pese a la devolución de las propiedades a ocho afectados, el noveno inversor estadounidense sigue privado de sus activos inmobiliarios. Entre los bienes que denuncia haber perdido figuran una vivienda de lujo, un hotel, una finca y otras propiedades.
El afectado, cuya identidad no fue divulgada, declaró a Telemundo 51 que tuvo conocimiento de la intervención a través de personas que trabajaban con él.
«Me avisaron la gente que trabajaba conmigo, diciendo que alguien del Gobierno entró allí, preguntó por las llaves y sacaron a toda la gente», afirmó el inversor, quien aseguró que las personas que ocuparon su vivienda se identificaron como integrantes del Gobierno nicaragüense.
Hasta el momento, según la información publicada, las autoridades no han ofrecido explicaciones sobre las razones por las que se mantiene la medida que afecta al patrimonio de este propietario.
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Cuestionan las garantías jurídicas de la restitución
A principios de octubre, diversas investigaciones periodísticas revelaron la ocupación de estas instalaciones, que fueron adscritas al INSS y quedaron bajo control estatal.
Las actuaciones se enmarcan en una serie de expropiaciones que, según las informaciones difundidas, han afectado tanto a jubilados como a capitales extranjeros en la zona costera de Nicaragua.
Representantes de los propietarios afectados han advertido que la devolución de los inmuebles no ofrece garantías jurídicas estables mientras no existan resoluciones formales que acrediten la restitución de los derechos de propiedad.
La situación mantiene abierta la incertidumbre sobre los bienes del noveno inversor, cuyo valor estimado ronda los 50 millones de dólares, mientras los otros ocho afectados han recibido comunicación de que sus propiedades les serían devueltas.
La información disponible no detalla si las autoridades han establecido un calendario para completar la restitución pendiente ni si han emitido documentos oficiales que respalden las devoluciones anunciadas. Con datos de Europa Press.
