Contrataciones Públicas detectó fallas técnicas, posibles restricciones a la competencias
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión inmediata de una licitación pública del Ayuntamiento de San Cristóbal valorada en RD$240 millones, tras identificar una serie de irregularidades que, según el órgano rector, comprometen principios esenciales de transparencia, libre competencia e igualdad de participación establecidos en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.
La medida afecta el procedimiento de licitación pública nacional ASC-CCC-LPN-2026-0003, convocado para contratar los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos del municipio durante el período 2026-2028, uno de los procesos de contratación más importantes impulsados por el cabildo para la gestión de los desechos urbanos.
La decisión está contenida en el acto administrativo MONITOREO-34-2026, emitido luego de un proceso de monitoreo preventivo realizado por la DGCP. Como resultado de esa evaluación, el organismo detectó la ausencia de estudios previos obligatorios, un requisito fundamental para sustentar técnica y financieramente este tipo de contrataciones.
Asimismo, los técnicos de la entidad identificaron inconsistencias en la elaboración del pliego de condiciones. De acuerdo con el informe, varias de las exigencias establecidas podrían limitar la participación de oferentes y generar ventajas indebidas, afectando los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir los procesos públicos.
Entre los aspectos observados figura una aparente contradicción entre la obligación de contar con instalaciones operativas previas y la presentación de cartas compromiso para habilitarlas dentro de un plazo de 30 días. Además, se cuestionó la exigencia de experiencia específica en municipios de alta densidad poblacional combinada con la obligación de mantener domicilio local, condiciones que podrían restringir la concurrencia de competidores.
La DGCP también señaló ambigüedades relacionadas con la definición de domicilio legal y centros de operaciones, un elemento que, según el análisis realizado, podría generar interpretaciones distintas durante la evaluación de las ofertas.
Por otro lado, el proceso de debida diligencia permitió identificar elementos adicionales dentro de la documentación presentada por el oferente habilitado Producciones D&P San Cristóbal. Según informó la institución, al revisar contratos de arrendamiento vinculados a las operaciones comerciales de la empresa se verificó que una de las propiedades involucradas figura a nombre de Alicia Aurora Uribe Domínguez y de Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa.
La DGCP indicó además que Ruiz de la Rosa formó parte del órgano de administración de la empresa hasta el año 2023, de acuerdo con la documentación societaria depositada en el Registro de Proveedores del Estado. El informe agrega que esta persona mantiene un vínculo familiar con el alcalde de San Cristóbal, Dionisio de la Rosa Rodríguez.
Ante estos hallazgos, el órgano rector ejecutó la suspensión cautelar del procedimiento a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y notificó formalmente al Ayuntamiento de San Cristóbal para los fines correspondientes.
La decisión abre un nuevo capítulo en la supervisión de los procesos de contratación municipal y coloca bajo escrutinio una licitación de alto impacto económico vinculada a uno de los servicios públicos más sensibles para la población: la gestión de los residuos sólidos.
