Entidad advierte que las dimisiones obligan a fortalecer la confianza y la transparencia en la evaluación judicial
La decisión de cuatro magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia de no participar en el proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha encendido las alarmas en sectores vinculados al fortalecimiento institucional. La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) advirtió este lunes que las renuncias representan una señal que no debe ser ignorada y que obliga a reflexionar sobre la confianza generada por uno de los mecanismos más importantes para la continuidad de los jueces de las altas cortes.
Durante una rueda de prensa celebrada en Santo Domingo, la organización sostuvo que la evaluación de desempeño de los integrantes de la Suprema Corte está contemplada en la Constitución como una herramienta para reforzar la legitimidad del sistema de justicia. Sin embargo, consideró que dicho proceso debe desarrollarse bajo estrictos principios de objetividad, independencia judicial, debido proceso, transparencia y adecuada motivación de las decisiones.
La entidad afirmó que respeta plenamente la decisión individual de cada magistrado respecto a su permanencia en la judicatura, pero entiende que la salida voluntaria de jueces con una extensa trayectoria profesional antes de someterse a evaluación merece una lectura institucional más profunda.
“Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial”, expresó la organización.
Preocupación por la representación femenina
Uno de los puntos destacados por la ROI fue la decisión de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso.
La organización recordó que el Poder Judicial alcanzó en diciembre de 2025 una integración de cinco mujeres en la Suprema Corte de Justicia, un avance que calificó como importante, aunque todavía insuficiente frente al mandato constitucional de participación equilibrada entre hombres y mujeres.
Asimismo, señaló que Nancy Salcedo Fernández representaba una oportunidad histórica para que una jueza de carrera pudiera presidir por primera vez la Suprema Corte de Justicia, una posibilidad que ahora queda fuera del escenario inmediato.
Transparencia y motivación de las decisiones
La ROI explicó que sus preocupaciones sobre el funcionamiento del proceso no son recientes. Recordó que en anteriores evaluaciones y designaciones de integrantes de las altas cortes presentó observaciones al reglamento vigente, promovió criterios objetivos para las evaluaciones y elaboró herramientas destinadas a fortalecer la transparencia del procedimiento.
Según la organización, las circunstancias actuales obligan a revisar aquellas advertencias y a analizar si ciertas dinámicas institucionales podrían estar desincentivando la participación de jueces y juezas en futuras evaluaciones.
En esa línea, insistió en que la evaluación judicial debe servir para fortalecer la carrera judicial y consolidar la confianza ciudadana, no para generar incertidumbre entre quienes han dedicado gran parte de su vida profesional al servicio de la justicia.
Reclamo de mayor apertura en el CNM
La entidad también abordó el tema de la transparencia en las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Aunque valoró la publicación reciente de las actas correspondientes a los procesos de designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral realizados en diciembre de 2025, consideró que todavía existen limitaciones importantes.
A juicio de la organización, los documentos divulgados no permiten conocer con claridad los fundamentos que respaldaron las decisiones adoptadas ni el contenido de las deliberaciones desarrolladas por los miembros del organismo.
“La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos”, sostuvo la ROI.
Finalmente, la organización exhortó al CNM a conducir el actual proceso de evaluación con apego estricto a la Constitución, garantizando reglas claras, criterios verificables, igualdad de trato, observación ciudadana efectiva, decisiones debidamente motivadas y cumplimiento del principio de paridad. Afirmó que la credibilidad del proceso dependerá de la confianza que logre generar y de su capacidad para fortalecer la independencia y la carrera judicial en la República Dominicana.
