Observatorio cuestiona autos de no ha lugar y respalda que las pruebas se debatan en juicio.
Santo Domingo. Participación Ciudadana afirmó que los procesos vinculados a grandes casos de corrupción administrativa deben llegar a juicio de fondo, al considerar que únicamente en esa etapa procesal es posible examinar de manera integral las pruebas, escuchar a los testigos y garantizar un debate contradictorio que permita a los tribunales determinar la responsabilidad penal o la absolución de los imputados. La posición está contenida en el Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción, en el que la organización analiza decisiones recientes de los tribunales y el avance de varios expedientes de alto impacto.
La entidad sostiene que su postura ha sido consistente desde la creación del observatorio: los procesos de gran corrupción deben agotarse en un juicio oral, público y contradictorio, escenario en el que los jueces reciben directamente los testimonios, incorporan las pruebas documentales y pueden evaluar su credibilidad, pertinencia y grado de corroboración.
En contraste, recuerda que durante la audiencia preliminar el juez no escucha declaraciones testimoniales ni realiza una valoración exhaustiva del acervo probatorio. Su función, explica, consiste en determinar si existen elementos suficientes para justificar la apertura del juicio y no decidir de manera anticipada sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.
Observaciones sobre el caso Donald Guerrero
El informe dedica parte de su análisis a las decisiones de no ha lugar emitidas en el caso que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados.
En el caso de José Ramón Peralta, por ejemplo, Participación Ciudadana entiende que el Ministerio Público presentó una oferta probatoria que incluía los testimonios de Francisco Pagán, Ramón Emilio Jiménez, José Ureña y Fernando Crisóstomo, elementos que, a juicio de la organización, eran suficientes para que el expediente fuera conocido en un juicio de fondo.
El observatorio sostiene que correspondía al tribunal de juicio valorar esos testimonios y determinar, respetando el debido proceso, si demostraban o no la responsabilidad penal del exfuncionario.
Asimismo, señala que el Ministerio Público anunció la presentación de un recurso de apelación contra los autos de no ha lugar, con el propósito de que las decisiones sean revisadas y, de prosperar el recurso, el proceso continúe en la fase de juicio oral.
Reconocimiento al juicio del caso Adán Cáceres
El documento también evalúa la sentencia emitida en junio de este año contra los principales acusados del caso Adán Cáceres.
Participación Ciudadana destaca el trabajo realizado por el Ministerio Público para sustentar la acusación con un amplio conjunto de pruebas y reconoce el manejo del proceso por parte de las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
A juicio de la organización, la decisión demuestra que el decomiso de bienes y la reparación económica al Estado constituyen consecuencias jurídicas distintas, al tiempo que resalta la condena patrimonial de RD$5,000 millones impuesta de manera solidaria a los responsables, además de las penas de prisión y el decomiso de bienes ordenados por el tribunal.
Caso INTRANT avanza a juicio
El Noveno Informe también reseña el envío a juicio de fondo de los imputados en el denominado caso INTRANT, relacionado con el contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según la organización, la decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción no implica una declaración de culpabilidad, sino el reconocimiento de que existen elementos suficientes para que las pruebas sean debatidas en un juicio oral, preservando la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. La primera audiencia fue fijada para el 11 de agosto de 2026.
La importancia del juicio de fondo
Como conclusión, Participación Ciudadana insiste en que la etapa de juicio constituye el espacio procesal idóneo para esclarecer los hechos en los casos de corrupción de mayor relevancia nacional. En ese escenario, sostiene, las pruebas pueden ser sometidas al contradictorio y valoradas de forma integral, fortaleciendo la transparencia del proceso y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
El Observatorio informó además que ya trabaja en su décimo informe, el cual pondrá especial atención al proceso contra Jean Alain Rodríguez y al caso Senasa, ambos considerados expedientes de alto interés para el seguimiento de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
