Ministerio Público pide apertura a juicio contra 14 implicados en el caso
SANTO DOMINGO. La Operación Lobo entra en uno de sus momentos más decisivos. Con un expediente que detalla presuntos sobornos por más de RD$108 millones, el Ministerio Público depositó ante la justicia la acusación formal contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una estructura que habría manipulado contrataciones de seguridad privada en diversas instituciones públicas del país.
El documento fue presentado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional junto con la solicitud de apertura a juicio, en una causa que el órgano acusador considera sustentada por una amplia cantidad de pruebas documentales, financieras y testimoniales.
Según la acusación, la red operó durante años mediante un esquema que permitía asegurar y mantener contratos estatales a cambio de pagos ilegales dirigidos a funcionarios encargados de supervisar servicios de seguridad.
Entre los principales acusados figura Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase), señalada como una pieza clave dentro de la presunta trama. También aparecen exdirectivos y exencargados de seguridad de instituciones como EdeSur, EdeNorte, EdeEste, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Además de los imputados individuales, el expediente incluye a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
De acuerdo con el Ministerio Público, los sobornos identificados alcanzan exactamente los RD$108,080,359.92, fondos que, según la investigación, fueron entregados para garantizar la continuidad de contratos y facilitar procesos administrativos sin mayores controles.
“Que la acusación sea admitida de manera total, con todos sus elementos de prueba”, solicita el órgano persecutor en el documento depositado ante el tribunal, donde además reclama que se dicte auto de apertura a juicio contra todos los acusados.
Cómo operaba la estructura
Las investigaciones fueron desarrolladas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El caso tuvo su origen en una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. A partir de ese reporte, las autoridades comenzaron a reconstruir lo que describen como una red dedicada a favorecer empresas de seguridad privada mediante la exigencia sistemática de sobornos.
Los investigadores sostienen que los pagos ilícitos se realizaron a través de transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo. El objetivo, siempre según el expediente, era garantizar que los contratos permanecieran vigentes y que las compañías favorecidas continuaran recibiendo recursos públicos.
La acusación establece que los funcionarios involucrados tenían la responsabilidad de supervisar la calidad de los servicios contratados. Sin embargo, asegura que recibían beneficios económicos a cambio de agilizar trámites, evitar objeciones y permitir la ejecución de contratos sin una fiscalización efectiva.
El golpe de la Operación Lobo
La denominada Operación Lobo fue ejecutada en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles vinculados a la supuesta estructura.
Ahora, con la acusación formal depositada, el proceso entra en una nueva etapa judicial. Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, mientras el tribunal deberá decidir si existen méritos suficientes para que el caso llegue a juicio de fondo.
