Magistrados y Ministerio Público advierten sobre retos institucionales y jurídicos para aplicar la reforma penal.
Santo Domingo, D.N.– La aplicación del nuevo Código Penal dominicano requiere capacitación continua, investigaciones sustentadas en pruebas, mayores recursos para el Ministerio Público y criterios más rigurosos al imponer las penas, coincidieron cuatro actores del sistema judicial durante el Diálogo de la Justicia del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).
Ysis Muñiz Almonte, Francisco Rodríguez, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y Daniel Julio Nolasco Olivo analizaron los desafíos de la reforma penal, con énfasis en la responsabilidad de las personas jurídicas, la calidad de las investigaciones, la determinación de las sanciones y los mecanismos alternativos para resolver conflictos.
El conversatorio fue moderado por Freddy Ángel Castro y formó parte del seminario organizado por ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
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Reforma penal exige cambios institucionales
La magistrada Ysis Muñiz Almonte afirmó que la nueva legislación no representa una simple modificación normativa, sino una transformación que demanda otra forma de comprender y aplicar el derecho penal.
Al abordar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explicó el concepto de defecto de organización, relacionado con la ausencia de medidas suficientes de dirección, control y supervisión para prevenir delitos cometidos en nombre o beneficio de una entidad.
También expuso las posiciones sobre la posibilidad de responsabilizar penalmente a una empresa sin identificar a la persona física que ejecutó la conducta. Indicó que el debate involucra principios como la personalidad de las penas, la culpabilidad y el derecho de defensa, y señaló la relevancia que tendrá el Tribunal Constitucional en el examen de estas disposiciones.
Por su parte, Francisco Rodríguez sostuvo que los resultados de la reforma dependerán de investigaciones capaces de sustentar las imputaciones con pruebas y respetar la presunción de inocencia.
Consideró necesario que los fiscales dominen la nueva normativa y trabajen junto a contables, economistas y peritos forenses. Asimismo, reclamó recursos suficientes, mejor organización interna, lineamientos claros y coordinación oportuna con las instituciones que suministran información.
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Penas rigurosas y alternativas al litigio
La magistrada Rosanna Isabel Vásquez Febrillet advirtió sobre las dificultades para determinar qué norma penal corresponde aplicar en cada caso, especialmente cuando concurren disposiciones diferentes. Por ello, defendió la preparación permanente de jueces, fiscales y abogados.
También llamó a examinar con mayor detenimiento la determinación de las penas, particularmente ante las nuevas reglas de acumulación. Además, valoró la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y exhortó a las organizaciones a establecer protocolos de supervisión, verificación y monitoreo.
En tanto, Daniel Julio Nolasco Olivo abogó por ampliar el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos para reducir la sobrecarga judicial y ofrecer respuestas oportunas.
Cuestionó la cultura profesional centrada predominantemente en el litigio y advirtió que la prolongación de los procesos contribuye a la congestión de los tribunales y al deterioro de la confianza ciudadana.
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Durante el diálogo, Freddy Ángel Castro planteó preguntas sobre la extensión de los expedientes, los plazos procesales y la función de los jueces frente a los acuerdos.
Los participantes coincidieron en que la aplicación efectiva del nuevo Código Penal requiere preparación técnica, fortalecimiento institucional y rigor jurídico, sin menoscabar las garantías de las partes involucradas.
