Senado aprueba cambios a la Ley 60-23 para redistribuir los recursos incautados.
Senado aprueba cambios a la Ley 60-23 para redistribuir los recursos incautados.
La medida redefine el esquema de distribución de estos fondos con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales dirigidas a prevenir y atender la violencia de género e intrafamiliar.
Nuevo esquema para distribuir los recursos
La reforma incorpora un literal D) y dos párrafos al numeral 2 del artículo 82 de la Ley 60-23, con lo que se modifica la forma en que serán asignados los recursos generados por los bienes administrados bajo esa legislación.
De acuerdo con lo aprobado, el Ministerio Público dispondrá del 40 % de esos fondos para coordinar, ejecutar y reforzar programas de prevención, protección, atención integral y respuesta institucional frente a los casos de violencia de género e intrafamiliar.
Un comunicado del Senado de la República precisa que los nuevos párrafos incorporados al artículo 82 formalizan esa distribución y establecen el porcentaje que será destinado al órgano persecutor.
El 60 % restante será distribuido entre varias instituciones
La modificación también dispone que el 60 % restante de los recursos será distribuido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y las demás instituciones competentes, de acuerdo con sus atribuciones, programas y políticas públicas relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género.
Además, la normativa establece que el Ministerio Público deberá coordinar acciones con esas entidades para fortalecer los mecanismos de prevención, protección, asistencia integral a las víctimas y respuesta institucional.
Entre las iniciativas consideradas prioritarias figura el respaldo a las casas de acogida para víctimas de violencia de género, así como el fortalecimiento de los centros de atención conductual dirigidos a hombres vinculados con conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio.
Proyecto impulsado por cinco senadores
La iniciativa legislativa fue presentada por los senadores Pedro Catrain, Lía Ynocencia Díaz Santana, Aracelis Villanueva Figueroa, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal de Jiménez.
La modificación recae sobre la Ley 60-23, que creó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, organismo responsable de administrar los bienes secuestrados, incautados, decomisados y sometidos a procesos de extinción de dominio.
Con esta reforma, la legislación redefine el destino de los recursos generados por esos activos y orienta una parte importante de ellos al financiamiento de políticas públicas dirigidas a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género e intrafamiliar, manteniendo el marco de funcionamiento del instituto encargado de su administración.
