El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda tras la compra del edificio por un fondo inmobiliario, generó protestas en Madrid y Barcelona. Manifestantes instalaron tiendas de campaña y reclamaron mejores condiciones de acceso a la vivienda. Ante la presión social, el Gobierno de Pedro Sánchez busca agilizar un decreto para reforzar la protección frente a los desahucios y limitar la compra de inmuebles por parte de los llamados «fondos buitre» para uso turístico.
