Dos imputados enfrentan procesos por crímenes ocurridos en ambas demarcaciones
El Ministerio Público continúa las acciones judiciales contra los presuntos responsables de dos homicidios ocurridos durante hechos de robo en el Distrito Nacional y la provincia de Azua, donde uno de los imputados enfrenta una solicitud de prisión preventiva y el otro ya recibió tres meses de esa medida de coerción. Ambos casos son investigados como violaciones al Código Penal Dominicano y otras disposiciones legales.
En el primero de los procesos, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva contra David Antonio Peña Paulino (Davis), acusado de participar en el intento de robo que culminó con la muerte de Yhatnna Gelisa Cordero Bello, ocurrida el pasado 30 de julio de 2026 en el sector Piantini.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El conocimiento de la medida fue aplazado para el 7 de agosto por el juez Rigoberto Sena, con el propósito de garantizar que el imputado cuente con representación legal.
De acuerdo con la investigación dirigida por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, Peña Paulino habría actuado junto a Junior Francisco (Junior el Haitiano) y los prófugos Kelvin y Maicol Flores Quevedo, quienes presuntamente planificaron el robo mediante labores de vigilancia y seguimiento a Raúl José Pimentel Blanco.
El expediente indica que días antes del crimen los implicados utilizaron un vehículo Daihatsu Mira, color blanco, placa AA61005, para monitorear los movimientos de la persona que sería víctima del asalto.
Según la investigación, al momento de los hechos Pimentel Blanco se encontraba en el negocio de decoración propiedad de Cordero Bello, cuando uno de los atacantes ingresó armado para despojarlo de su teléfono celular. La propietaria del establecimiento pidió ayuda a personas que estaban en un negocio cercano y, tras ignorar la advertencia del agresor de guardar silencio, recibió un disparo en el tórax que posteriormente le causó la muerte.
Las pesquisas incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia de una plaza comercial y del sistema 9-1-1, cuyos registros permitieron establecer la ruta seguida por el vehículo e identificar a Peña Paulino como conductor, información corroborada mediante otros registros institucionales.
El imputado fue arrestado el 3 de agosto mediante orden judicial. Durante la detención fueron ocupados el vehículo utilizado en la investigación y un teléfono celular marca Tecno Spark. El Ministerio Público atribuye provisionalmente violaciones a los artículos 265, 266, 295, 304, párrafo II, 379 y 382 del Código Penal Dominicano.
Tres meses de prisión preventiva en Azua
En un proceso separado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Azua impuso tres meses de prisión preventiva a Alexander Féliz Reyes (Tití), acusado de matar a Josué Gaspar Collado Moreno para robar en su vivienda, ubicada en el municipio Las Charcas.
Las investigaciones establecen que el imputado penetró a la residencia de la víctima, la atacó con un arma blanca y posteriormente sustrajo sus pertenencias.
El cuerpo de Collado Moreno fue encontrado el 22 de julio, alrededor de las 2:45 de la tarde, en avanzado estado de descomposición dentro de la vivienda. El levantamiento fue realizado por representantes del Ministerio Público, un médico legista y miembros del Departamento de Homicidios de Azua.
El acta del Inacif establece que la muerte fue provocada por heridas cortopenetrantes en la región anterior del tórax.
Las investigaciones de la Fiscalía de Azua y la Dicrim determinaron además que, un día después del crimen, el imputado fue localizado en una estación de combustible de Barahona utilizando la camioneta y las tarjetas de crédito de la víctima.
Tras ejecutarse la orden de arresto emitida por el tribunal competente, la jueza suplente Ydaisa E. Medina Estepan dispuso que Féliz Reyes cumpla la medida de coerción en la cárcel pública del kilómetro 15 de Azua.
El Ministerio Público calificó provisionalmente el caso como violación a los artículos 295, 304, párrafo II, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
