Juan Gómez afirma que el déficit de las distribuidoras se triplicó desde 2020
Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes un aumento de las quejas de usuarios por facturas eléctricas elevadas y la persistencia de los apagones, mientras cuestionó que el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) se haya casi triplicado durante los últimos años, al pasar de unos US$578 millones en 2020 a US$1,659 millones en 2025.
La posición fue presentada por el ingeniero Juan Gómez, secretario de Energía de la organización, quien durante una rueda de prensa cuestionó los resultados de la política eléctrica del Gobierno y advirtió sobre el impacto de las pérdidas de las distribuidoras en las finanzas públicas.
Gómez sostuvo que las reclamaciones de ciudadanos por aumentos que consideran injustificados en sus facturas deben ser investigadas de manera objetiva y transparente. Aclaró que la organización no pretende asumir que cada denuncia constituye por sí sola una prueba de irregularidad, pero consideró necesario revisar la respuesta que reciben los consumidores cuando presentan sus casos.
En ese sentido, la FP también cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de reclamación ante las distribuidoras y posteriormente ante PROTECOM. La organización planteó que el Estado debe garantizar una defensa efectiva de los usuarios y evitar que estos terminen desistiendo de reclamar por considerar que el proceso no produce resultados.
Medio billón de pesos en transferencias
Uno de los principales cuestionamientos de la Fuerza del Pueblo está relacionado con los recursos destinados a cubrir el déficit de las distribuidoras.
De acuerdo con el documento presentado por Gómez, entre 2020 y mayo de 2026 el Estado transfirió aproximadamente US$8,450 millones para cubrir el déficit de las EDEs, una suma que la organización calcula en unos RD$500,000 millones.
“Medio billón de pesos”, enfatizó Gómez al referirse al monto.
La FP sostuvo que estos recursos representan un importante costo de oportunidad para el país, debido a que deben destinarse a cubrir las deficiencias del sistema eléctrico en lugar de financiar otras prioridades nacionales.
La organización aclaró, sin embargo, que no plantea que la totalidad de esos fondos pudiera haberse utilizado directamente en escuelas, hospitales, carreteras o acueductos, sino que busca llamar la atención sobre el costo que representa mantener durante años un sistema con elevados niveles de pérdidas.
Las EDE pierden cerca del 40 %
Otro de los puntos señalados por Gómez es el nivel de pérdidas de las empresas distribuidoras.
Según las cifras citadas por la FP, a mayo de 2026 las EDEs registraban pérdidas cercanas al 40 %, lo que significa que por cada RD$100 de energía comprada recuperaban alrededor de RD$60.
La situación más crítica, de acuerdo con el documento, corresponde a EDEESTE, que alcanzaría pérdidas del 56 %.
Para la organización opositora, estos niveles dificultan cualquier esfuerzo destinado a lograr un sistema eléctrico financieramente sostenible y cuestionan la efectividad de las inversiones realizadas.
“El gasto mantiene el sistema; la inversión lo transforma”, plantea la Secretaría de Energía de la FP, al reclamar mayores inversiones dirigidas a reducir las pérdidas estructurales.
Cuestionan planificación e inversiones
Gómez también citó el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, documento que, según explicó, reconoce dificultades vinculadas con la expansión de la transmisión, insuficiencias de infraestructura, baja inversión, falta de coordinación entre generación y transmisión y procesos burocráticos que retrasan nuevos proyectos.
A partir de ese diagnóstico, la FP cuestionó la ejecución de las soluciones anunciadas por el Gobierno.
El dirigente también puso como ejemplo a EDEESTE, empresa que, según la organización, ha tenido seis gerentes generales en seis años, pese a mantener uno de los niveles de pérdidas más elevados del sistema.
Gómez consideró que la situación obliga a revisar no solo los cambios de funcionarios, sino también la existencia de una política de gestión con metas claras, continuidad y resultados verificables.
La Fuerza del Pueblo planteó finalmente la necesidad de cambiar el rumbo del sector eléctrico mediante mayores inversiones, reducción efectiva de las pérdidas, mejor planificación, protección al consumidor y evaluación de los responsables de las distribuidoras en función de resultados.
La organización concluyó que, después de seis años de gestión, los usuarios esperan soluciones concretas a los apagones, las pérdidas y el costo de la electricidad, más allá de las explicaciones oficiales sobre la situación del sistema.
