Para solicitantes de visas B-1/B-2 y afectará a ciudadanos de unos 50 países.
Desde este lunes entró en vigor una normativa del Gobierno de Estados Unidos que permitirá exigir fianzas de entre 10 mil y 20 mil dólares a solicitantes de visas B-1/B-2 de turismo y negocios procedentes de unos 50 países, como parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
La disposición, anunciada el pasado 31 de julio por el Departamento de Estado, convierte en permanente un programa piloto implementado desde agosto del año pasado.
La medida alcanza principalmente a países de África occidental y oriental, entre ellos Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda, además de varias naciones de América Latina y el Caribe, como Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
De acuerdo con la normativa, los funcionarios consulares podrán determinar, de forma discrecional, si corresponde exigir una garantía económica y establecer su monto en 10 mil, 15 mil o hasta 20 mil dólares. El aviso oficial fue publicado en el Registro Federal, estableciendo su entrada en vigor este lunes.
Las autoridades estadounidenses indicaron que, si la visa es concedida y el visitante cumple con las condiciones de su estancia, el importe de la fianza será reembolsado en su totalidad al concluir el viaje.
El Gobierno estadounidense sostiene que esta política está dirigida a ciudadanos de países cuyos nacionales presentan con mayor frecuencia permanencias superiores al tiempo autorizado por sus visados.
Según datos oficiales, durante el programa piloto fueron identificadas al menos 20 mil solicitudes sujetas al pago de la fianza. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los solicitantes desistió de continuar el proceso de obtención del visado.
Los documentos oficiales también señalan que esta restricción provocó una reducción del 83 % en la cantidad de visas de turismo y negocios concedidas a ciudadanos de los países incluidos en el programa.
Por su parte, organizaciones defensoras de los migrantes consideran que la imposición de estas fianzas representa una barrera económica para quienes buscan acceder por las vías legales a Estados Unidos, al elevar significativamente el costo del proceso de solicitud de las visas B-1/B-2. Con datos de PL
