El tribunal dictó penas severas por el desvío de RD$4,500 millones del Estado.
En un fallo judicial sin precedentes dictado esta madrugada, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
El tribunal impuso una pena idéntica de 20 años de reclusión al general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza. También deberán pagar 400 salarios mínimos, además de otras sanciones.
La sala determinó que los tres oficiales utilizaron sus altos cargos institucionales para orquestar los casos de corrupción conocidos formalmente como Operación Coral y Coral 5G.
El mayor general Adán Cáceres fue hallado culpable de liderar una compleja red de corrupción administrativa que desvió unos RD$4,500 millones en perjuicio del Estado dominicano, marcando un hito en la lucha contra la impunidad y el uso indebido de funciones públicas en los cuerpos castrenses del país.
La contundente sentencia, leída formalmente a las 2:22 de la madrugada tras una maratónica jornada que inició la tarde de ayer, impactó directamente a la cúpula de seguridad de gestiones anteriores.
Las juezas del tribunal rechazaron de forma unánime los incidentes presentados por los abogados de la defensa, validando las pruebas del órgano persecutor que demostraron cómo se estructuró la red delictiva utilizando los recursos de la ciudadanía.
Máximas penas para la cúpula militar y policial
Respecto a los delitos específicos, Cáceres Silvestre y Torres Robiou recibieron condena por asociación de malhechores, lavado de activos, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial injustificado.
Por su parte, el coronel Núñez de Aza fue hallado culpable de estafa contra el Estado y soborno, además de lavado de activos agravado.
El dictamen estuvo a cargo de un tribunal de derecho presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, junto a las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Quince y diez años para piezas clave del entramado
Las sanciones judiciales alcanzaron con severidad a otros colaboradores considerados vitales por el Ministerio Público. El tribunal dictó 15 años de reclusión para la pastora Rossy Guzmán y para el general Julio Camilo de los Santos Viola.
En esa misma línea de responsabilidades, se emitieron penas de 10 años de cárcel para los coimputados Esmeralda Ortega, José Girón, Boanerges Reyes, Franklin Mata, Johana Camilo, Erasmo Roger y Kelman Santana.
En el renglón de las penas menores, el tribunal fijó cinco años de prisión para Raúl Girón, dictaminándose como una pena totalmente cumplida debido a su condición de delator principal de la investigación.
Asimismo, los imputados Pedro Castillo y Carlos Antigua recibieron una sanción de tres años de reclusión por su participación secundaria en el esquema de desfalco.
Absoluciones y el origen del proceso
Por otro lado, la justicia dispuso la absolución y el descargo de responsabilidad penal para Jeifry María del Rosario (Tanner Flete), Miguel Pichardo, Enmanuel Rivera, Antonio Suriel, Santiago Antonio, Eric Pereira y Guillermo Torres Robiou. La misma medida de descargo fue otorgada a la entidad religiosa Iglesia Cristiana Vida Eterna.
Este proceso judicial comenzó en el año 2021 con los primeros arrestos masivos de los implicados. Tras haber cumplido 18 meses de prisión preventiva en recintos carcelarios, las medidas de cohesión les fueron variadas progresivamente.
Con la lectura de este fallo definitivo de primera instancia, la justicia da un paso definitivo en la resolución de uno de los expedientes de corrupción militar más grandes de la historia reciente de la República Dominicana.
