BG Investment Group denuncia trato desigual de Aduanas y riesgo para 335 empleos


La empresa afirma que la retención de nueve contenedores paralizó sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos en Pedernales.

PEDERNALES.— La empresa BG Investment Group, dedicada desde 2008 al reciclaje y clasificación de textiles usados, denunció un presunto trato desigual por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), situación que, según afirma, ha provocado la paralización de sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos.

La compañía, única en su especie en el municipio de Oviedo, sostiene que opera bajo el régimen de desarrollo fronterizo, amparada en la clasificación número 127-184-08, cuyo certificado, de acuerdo con la empresa, permanece vigente hasta 2028.

Empresa reporta pagos por RD$48 millones

BG Investment Group afirma que ha pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales y que las verificaciones realizadas a sus operaciones no determinaron la existencia de contrabando ni otras irregularidades.

No obstante, la empresa denuncia la retención de nueve contenedores y cuestiona cambios en la valoración de sus mercancías. Según plantea, las nuevas valoraciones carecen de una explicación técnica que justifique los criterios aplicados.

La situación, sostiene la compañía, ha derivado en la paralización de sus actividades y amenaza la estabilidad de los empleos vinculados directamente con sus operaciones en Oviedo, además de afectar a más de 250 empleos indirectos.

BG Investment Group lleva caso al Constitucional

Ante el conflicto, BG Investment Group llevó el caso ante el Tribunal Constitucional, alegando una presunta afectación a los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y seguridad jurídica, así como a la libertad de empresa y al cumplimiento del marco legal de desarrollo fronterizo.

La compañía asegura que no solicita privilegios ni pretende evadir impuestos. Su planteamiento, según expone, es que se respeten las condiciones establecidas en su certificación, se emitan decisiones administrativas debidamente motivadas y se le permita continuar operando mientras se resuelve la controversia.

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