El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este viernes 7 de agosto, con 37 votos a favor y 33 en contra, un proyecto legislativo sobre la propiedad privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Tras casi 13 horas de debate, el pleno de la Cámara Alta dio su visto bueno a la iniciativa. Así, el proyecto deberá ser debatido y votado en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
¿Qué incluye el texto aprobado?
El texto aprobado por el Senado introduce cambios en el régimen de desalojo de propiedades en casos de usurpación u ocupación ilegal, que pasarían a tramitarse por juicio sumario, un procedimiento más veloz que el actual.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) condenó que el proyecto «favorece el aumento de desalojos forzosos sin evaluación de proporcionalidad de estas decisiones ni la búsqueda de alternativas habitacionales para las familias en situación de vulnerabilidad» en un contexto de crisis económica, con amplias dificultades para pagar el alquiler de las viviendas.
El senador kirchnerista Mariano Recalde afeó al Gobierno que, «bajo la excusa de defender la propiedad privada de los ocupas y los usurpadores, lo que hace es incluir en los desalojos exprés a los inquilinos con contrato por el mero retraso en el pago, en un contexto donde la gente no llega a fin de mes y se endeuda».
El 57 % de los hogares inquilinos destinaron más de la mitad de sus ingresos a cubrir el alquiler en 2025, casi un 20 % más que en 2024, según el CELS.
El texto también busca limitar la capacidad del Estado de expropiar bienes, con definiciones más exigentes de lo que sería la «utilidad pública», un concepto mediante el cual se justifica una expropiación.
La legislación actual utiliza una fórmula amplia, en la que la utilidad pública comprende los casos en que se procura satisfacer el bien común, «ya sea de naturaleza material o espiritual», según la ley 21.499.
Esa redacción permite incluir necesidades colectivas diversas, desde la ejecución de una obra pública hasta finalidades generales de interés público, siempre que exista una justificación legislativa.
No obstante, el proyecto aprobado por el Senado dispone que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación restrictiva al ordenar que se identifique de manera específica y concreta el objetivo perseguido, que se demuestre que la expropiación es idónea para alcanzar ese objetivo, que se acredite que no existe una alternativa menos invasiva para la propiedad y que sea proporcional, de modo que el sacrificio impuesto al propietario guarde relación con el beneficio público obtenido.
Con este cambio de enfoque, ya no bastaría con invocar genéricamente el interés general o la conveniencia de una política pública, sino que el Estado tendría que vincular cada expropiación con un bien determinado y explicar por qué esa medida concreta es indispensable y equilibrada.
Además, establece que la indemnización para el expropiado debe constituir una reparación plena —incluyendo el lucro cesante— por el valor de su bien, tomándose como referencia la valuación anterior al anuncio de la expropiación.
La iniciativa legislativa fue promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto llegó al Congreso en marzo, pero su votación fue suspendida cuatro veces debido a que la bancada oficialista no lograba recabar los respaldos suficientes.
Los debates en torno a la ley se alargaron al punto que el texto llegó a tener 17 versiones. El documento inicial estaba organizado en seis ejes temáticos y 53 artículos, que se fueron reduciendo hasta los tres ejes y 37 artículos.
¿Cuáles son los artículos espinosos eliminados?
Uno de los capítulos más polémicos del proyecto era la reducción de las restricciones para la compra de tierras por parte de personas y empresas privadas extranjeras. Esta iniciativa fue eliminada el miércoles por la bancada oficialista en el Senado, debido al fuerte malestar social que provocó.
No fue la única. A último momento y tras horas de debates, también cayó el capítulo referido al uso de las tierras quemadas por los incendios en zonas rurales, criticado especialmente por los ecologistas.
La modificación de la Ley de Manejo del Fuego que pretendía el Gobierno buscaba facilitar los cambios del uso del suelo tras un incendio, bien fuera provocado o accidental, así como la venta o división de las tierras afectadas.
El Ejecutivo buscaba eliminar la prohibición del cambio de uso del suelo por 60 años después de un incendio en zonas de bosque, áreas naturales protegidas y humedales, así como el impedimento por 30 años para realizar proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias tras incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos.
Greenpeace había advertido que estas modificaciones podrían generar un aumento de los incendios intencionales en un escenario de creciente deforestación.
«La patria no se vende»: protestas frente al Congreso
El anuncio de la retirada del polémico capítulo sobre la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros no fue suficiente para calmar el malestar social.
Al grito de «la patria no se vende», una multitud comenzó a congregarse en la explanada frente al Senado desde el mediodía del jueves. A las 15:00, ya eran miles de personas a las puertas del Legislativo.
Horas más tarde, la Policía intervino con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua para evitar que un grupo reducido de manifestantes tumbara la valla de seguridad que protegía el Congreso.
En medio de fuertes detonaciones, la mayoría de las personas concentradas se atomizó en múltiples direcciones, pero una fracción intentó volver a la plaza, lo que alargó por más de tres horas los choques con la policía.
Unas 26 personas fueron detenidas y al menos cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos fue derivado al Hospital Churruca tras recibir una pedrada en la cabeza. Más de 2.000 efectivos de la fuerza pública fueron desplegados para vigilar la concentración.
La convocatoria a la marcha circuló ampliamente en redes sociales, donde artistas, creadores de contenido y organizaciones sin ánimo de lucro se sumaron a una masiva campaña contra la norma.
El Ejecutivo asegura que el proyecto de ley de «inviolabilidad» de la propiedad privada busca eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones.
La explicación no convenció al senador de la oposición José Mayans, quien señaló que «la inviolabilidad de la propiedad privada está garantizada por el artículo 17» de la Constitución, por lo que aseguró que el proyecto «está hecho para grupos y élites, y perjudica a los argentinos».
«Por eso está llena esa plaza», destacó en referencia a la multitud reunida al exterior del hemiciclo.
Con EFE y medios locales
