El tribunal valida las pruebas del Ministerio Público y ordena juicio de fondo contra 11 imputados y 7 empresas.
El panorama judicial se complica para los implicados en la supuesta red de corrupción que operó en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Este viernes, el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exdirector de la entidad, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de Aurix.
La decisión judicial valida la acusación presentada por el Ministerio Público, que vincula a los encartados en un entramado de desfalco y lavado de activos.
Exfuncionarios y empresarios al banquillo
La medida del tribunal no se limitó a las figuras principales. El dictamen arrastra a cuatro exfuncionarios clave de la institución: Pedro Vinicio Padovani Báez (Tráfico), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Tecnología), Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Comité de Compras) y Juan Francisco Álvarez Carbuccia (Administrativo). Además, irán a juicio de fondo los coimputados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, elevando a 11 las personas físicas que deberán defenderse en los tribunales.
El expediente también golpea la estructura corporativa utilizada en las operaciones. Un total de siete empresas fueron incluidas en el auto de apertura a juicio, destacando firmas como Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S. y Dekolor S.R.L. Según las indagatorias, estas razones sociales sirvieron de plataforma para desviar fondos millonarios del Estado dominicano.
Los cargos que sostienen el expediente
Los fiscales asignados al caso mantienen un catálogo de delitos graves que van más allá de la simple malversación de fondos públicos. El pliego acusatorio imputa formalmente los delitos de coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, contrabando y comercio ilícito.
La gravedad del caso aumenta con las acusaciones de sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica, derivadas de las fallas presentadas en el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, sumado a cargos por robo de identidad. Con esta decisión, el proceso pasa a la etapa donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los procesados.
