
Zoraima Cuello afirma que existe desorden en las nóminas y retrocesos institucionales
Santo Domingo, República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó este lunes al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de haber perdido el control de la administración pública, al señalar supuestas deficiencias en la gestión de los recursos humanos del Estado, falta de transparencia y retrocesos en los sistemas de control institucional.
La denuncia fue presentada por la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello, durante la tradicional rueda de prensa de los lunes celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez. La dirigente estuvo acompañada por los vicepresidentes Temístocles Montás e Yván Lorenzo, así como por Carlos Manzano, secretario de Administración Pública de la organización.
Según el PLD, los propios resultados divulgados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) reflejan una situación preocupante respecto al manejo del empleo público.
“Los resultados presentados evidencian que el Gobierno perdió la capacidad de ejercer uno de los deberes fundamentales de cualquier administración: conocer, organizar y gestionar adecuadamente el recurso humano del Estado”, sostuvo Cuello al leer el documento oficial de la organización política.
El partido opositor aseguró que el órgano rector de la función pública reconoce que el Estado no cuenta con información precisa sobre la cantidad real de empleados públicos. Asimismo, afirmó que existen instituciones cuyos máximos responsables desconocen el número exacto de colaboradores bajo su dependencia.
De acuerdo con el PLD, también se han identificado casos de servidores nombrados en una provincia que laboran en otra, empleados que permanecen en las nóminas pese a estar fuera del país y plazas ocupadas donde, supuestamente, no se presta el servicio correspondiente.
“Cuando un Gobierno no sabe con precisión quién trabaja para el Estado, dónde trabaja, cuánto cuesta la nómina y quién ingresó por mérito, ha perdido el control de la administración pública”, expresó la organización.
La dirección peledeísta argumentó que las dificultades actuales no obedecen a una falta de herramientas tecnológicas, sino a la interrupción de procesos institucionales que, según afirma, fueron fortalecidos durante sus gestiones.
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En ese sentido, recordó que al concluir su administración, el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) integraba cerca del 97 % de los empleados del Gobierno Central, permitiendo gestionar expedientes electrónicos, supervisar nóminas y dar seguimiento a la carrera administrativa.
Además, destacó el funcionamiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), herramienta que describió como un referente regional en materia de evaluación institucional y transparencia gubernamental.
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La organización también defendió los resultados del programa República Digital, señalando que permitió poner a disposición de la ciudadanía más de mil servicios públicos a través de plataformas electrónicas, facilitando trámites y reduciendo tiempos de respuesta.
Otro de los aspectos señalados por el PLD fue la evolución de la carrera administrativa. Según los datos presentados por la organización, en agosto de 2020 existían aproximadamente 94 mil servidores incorporados mediante concursos públicos, mientras que actualmente la cifra ronda los 60 mil.
A juicio del partido, esta reducción evidencia una disminución del personal seleccionado por mérito, mientras aumenta la contratación de carácter clientelar dentro de la administración pública.
Frente a esta situación, la organización propuso varias medidas orientadas a recuperar la confianza en el sistema estatal. Entre ellas, planteó publicar de manera detallada la evolución de las nóminas desde agosto de 2020, presentar datos actualizados sobre los servidores de carrera y transparentar los concursos realizados en los últimos seis años.
Asimismo, insistió en que el ingreso y permanencia en la función pública deben sustentarse exclusivamente en criterios de mérito y capacidad.
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Finalmente, el PLD sostuvo que la administración pública dominicana requiere fortalecer sus mecanismos de control, garantizar una mayor transparencia y recuperar la institucionalidad en el manejo de los recursos humanos del Estado, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
