Cientos de jóvenes han cumplido de golpe un sueño cada vez más inviable en la capital de España: permitirse vivir —aunque sea por unos días— en el centro de Madrid, donde los precios exorbitantes y la eclosión de las viviendas turísticas han erosionado el tejido residencial.
Lo han hecho sin permiso y en forma de protesta, con un campamento levantado en la céntrica Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional, donde el número de tiendas no ha parado de crecer desde el 26 de septiembre.
Pasada la medianoche del lunes al martes, Eloise Winter encara su tercera jornada pernoctando a la intemperie. Se declara «cansada», le duele la espalda, pero la anima la repercusión de acampar.
«La primera noche éramos como 100 tiendas de campaña, la segunda ya eran 360 y hoy (lunes) ha sido una locura todavía mayor», señala la integrante del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la organización convocante.
Winter atribuye el éxito de la iniciativa a un sentimiento de hartazgo «con el sistema rentista» y asegura que permanecerá en la Puerta del Sol «el tiempo que haga falta».
Esta educadora social de 28 años vive en alquiler con su pareja en la calle de Antillón, «en un piso de 25 metros cuadrados» por el que paga 600 euros. Hace un año, recibió una comunicación del propietario, dueño de todo el edificio, anunciándole una duplicación del precio del arrendamiento si quería renovar su contrato.
A todos los vecinos les llegó la misma carta, así que, junto al Sindicato de Inquilinas, declararon el edificio «en lucha», según explica, una «herramienta sindical que consiste en seguir en el bloque, aunque estés fuera de contrato, pero pagando el alquiler».
Como ella, un millar de personas se han tomado el corazón de Madrid, según estimaciones del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, con la esperanza de que sea «el inicio de algo mucho más potente», en palabras de Winter.
La movilización se convirtió en una fiesta colectiva incombustible que se prolongó toda la madrugada. «Tenemos que seguir organizadas, hay que seguir luchando», añade la manifestante.
La chispa de este estallido social fue el desahucio de Maricarmen Abascal, una pensionada de 87 años, con una discapacidad del 50 %, que fue expulsada de la vivienda que habitó durante siete décadas, después de que el inmueble fuera adquirido por el fondo Urbagestión.
La anciana no pudo asumir el aumento de alquiler que pedía la empresa, de los 500 euros que pagaba a los 1.650 solicitados, una cifra inalcanzable para esta pensionada que gana 1.300 euros.
A última hora del lunes, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas y Urbagestión alcanzaron un preacuerdo para que la octogenaria regrese a su casa. Este martes se lo comunicarán. De que acepte las cláusulas dependerá su regreso a casa.
No obstante, el anuncio está lejos de ser un motivo suficiente para desconvocar el campamento. «Lo de Maricarmen era solo un ejemplo», señala Iker Suarez al amanecer del martes, tras pasar su primera noche acampando.
«El regreso de Maricarmen a su casa ni siquiera está entre las peticiones que ha hecho el Sindicato porque se entiende que es una lucha más amplia», añade el manifestante en la madrugada del martes.
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«Madrid será la tumba del rentismo»
La noche del lunes cayó al ritmo de una batucada, que puso a bailar y a aplaudir a cientos de asistentes apretujados frente a la sede del Gobierno regional. «Madrid será la tumba del rentismo», coreaban, antes de preguntarse al son de los tambores: «¿Dónde está el Gobierno progresista?».
Algunos acompañaban la percusión, haciendo sonar las llaves de casa con el puño en alto, un gesto que se ha convertido en un símbolo del movimiento por la vivienda.
Las pancartas colgadas alrededor de la plaza de la Puerta del Sol también hablaban por sí solas: «El buitre inversor es el gran invasor».
De fondo, en el centro de la plaza, han emergido cientos de carpas que han dado forma a una auténtica ciudadela, que los manifestantes han convertido en su barrio por tres noches y cuatro días.
El campamento parece un laberinto no apto para claustrofóbicos; los toldos desplegados a modo de techo para resguardarse de la lluvia se descuelgan en algunos tramos al punto de rozar las cabezas. Las tiendas de campaña apretadas entre sí acentúan la sensación de estar paseando por una judería.
En una esquina, cinco guitarristas rasgaban una melodía de flamenco y, unos metros más allá, un joven DJ improvisaba una sesión de tecno en su consola portátil. Las latas de cerveza y los cigarrillos se pasaron de mano en mano y, con el paso de la noche, la protesta tomó tintes de festejo.
Algunos colectivos se han organizado por parcelas, que nombran con pedazos de cartón rayados con rotulador. En la «plaza del akelarre (sic)», la «calle de Rosa Luxemburgo» o la «avenida de la reivindicación» pernoctan gremios de profesores, estudiantes, sindicatos de la vivienda, juventudes socialistas, anticapitalistas, feministas y Greenpeace, entre otros.
Algunos comercios cercanos o vecinos simpatizantes de la protesta han ofrecido sus baños para los manifestantes, mientras que grupos de voluntarios organizados por turnos coordinan la preparación de las comidas, la limpieza del campamento, la gestión de donaciones u ofrecen información a los nuevos inquilinos y colaboradores.
Pisos compartidos, precios desorbitados y finalización del contrato: los rostros de la crisis de vivienda
En medio de la maraña de carpas, se forman algunos grupos en círculo, alrededor de mesas plegables con comida, bebida y juegos de mesa. En el centro del campamento, bajo un toldo del Sindicato de Inquilinas, hay varias mesas desplegadas con comida expuesta: manzanas, duraznos, frutos secos, galletas, chocolates, refrescos, agua.
«No aceptamos más donaciones. Gracias» se lee en un cartel, que recuerda la oleada de solidaridad ciudadana que ha abastecido el campamento.
“Estamos llenos, ya no damos abasto”, comenta Alfredo Pérez, de 31 años, un voluntario del Sindicato de Inquilinas encargado de “gestionar las donaciones y dar información”, según él mismo explica. Pérez vive de alquiler en un piso que comparte con cuatro amigos. Aun así, él gasta «casi un 40 %» de sus ingresos en pagar el alquiler, aunque asegura conocer a personas que destinan «hasta el 60 %».
Estas cifras rebasan la recomendación del Banco de España, que sostiene que el pago del alquiler no debe comerse más del 30 % del salario para mantener unas finanzas domésticas saludables.
El canon de arrendamiento no es el único problema de Pérez. «Se me acaba el contrato este año y, bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Esperamos que no nos echen», comenta.
La principal exigencia del Sindicato de Inquilinas al Gobierno central apunta justamente a aliviar la preocupación de cientos de miles de personas como él, con la imposición de alquileres indefinidos —o de renovación automática—.
Además, el Sindicato de Inquilinas también solicita la congelación de los precios de los arrendamientos, un aplazamiento de los desahucios «hasta que haya una alternativa habitacional» y un paquete de «medidas antiestafa» para quienes viven de alquiler.
Las peticiones han sido recogidas en el «Decreto Maricarmen», un documento que el Sindicato ha trasladado a los principales partidos políticos y al Gobierno, con la esperanza de que sus propuestas se incorporen al decreto que el Ejecutivo prevé presentar este martes.
Un 20 % de los hogares en España —casi 10 millones de personas— viven en régimen de alquiler, una cifra en constante aumento, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 (ECV) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para estos inquilinos, el valor del arrendamiento se ha duplicado en promedio en la última década e incluso más en regiones como Cataluña, Madrid, Valencia o las Islas Baleares, según datos de los portales inmobiliarios de referencia.
«Hace 10 años el alquiler en España costaba de media 558 euros al mes y ahora cuesta 1.083», señala un promedio del informe de Fotocasa de 2025.
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A las 6:00 a.m. del martes, solo se escucha el susurro de las lonas que se mueven con el viento. El campamento reposa en su momento de mayor tranquilidad —o el único—. Los primeros que se levantan avanzan, enrollados en cobijas y arrastrando los pies, a la sección de la comida en busca de café.
La pregunta que todos se hacen es qué alcance tendrá el decreto-ley sobre vivienda que el Gobierno trabaja para llevar este martes al Consejo de Ministros y sobre el cual tendrán que votar las bancadas del parlamento en las próximas semanas. De ello dependerá si el campamento se levanta o se prolonga.
Entre los manifestantes consultados impera el escepticismo, pues saben que las negociaciones «contrarreloj» de las que habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están encalladas en puntos innegociables para el Sindicato de Inquilinas, como los contratos de alquiler indefinidos o la moratoria a los desahucios.
«Tengo mis dudas. Va a ser muy difícil que salga adelante el decreto tal como lo están planteando», opina Hilaria Alhambra, una pensionista de 66 años, que pasó su primera noche en el campamento. Aunque es propietaria de la casa en la que habita, no por ello se siente ajena a la realidad de los inquilinos.
«Aquí no solamente tiene que venir la gente a la que le afecta directamente; si no apoyamos a los demás colectivos, esto no vale, hay que ser solidarios», afirma.
