El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, explicó este lunes 31 de agosto que el ataque fue ejecutado de manera conjunta y coordinada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra tres zonas campamentarias ubicadas cerca del río Inírida, en el municipio de El Retorno, en el selvático departamento del Guaviare. El objetivo era una estructura del bloque Jorge Suárez Briceño, una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, contra cuyos mandos estaba dirigida la operación.
Según el balance oficial, diez integrantes de la estructura murieron durante la ofensiva, uno fue capturado y otro menor de edad que se encontraba en el campamento fue recuperado y puesto bajo protección estatal. Las autoridades informaron además de la incautación de 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero, granadas, minas antipersonal y más de 29.000 municiones.
Mora sostuvo que la operación «observó todos los estándares legales» aplicables a los ataques aéreos estratégicos, tanto durante la planificación como durante su ejecución. El presidente De la Espriella respaldó públicamente a su ministro y a las Fuerzas Militares, y responsabilizó a las organizaciones armadas por reclutar menores para incorporarlos a sus filas o utilizarlos como escudos humanos.
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¿Quiénes eran los tres menores que murieron en el ataque?
El principal elemento de controversia surgió después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificara entre los fallecidos a tres menores de edad. Según el organismo, dos tenían 15 años y el tercero, 16. Nueve de los diez cuerpos habían sido identificados hasta el domingo, mientras que uno permanecía bajo análisis forense debido a las condiciones en las que fue encontrado.
El Ministerio de Defensa reconoció los resultados forenses y señaló que los tres menores se encontraban, según la información oficial, en «función continua de combate». La cartera rechazó, al mismo tiempo, el reclutamiento y utilización de menores por parte de los grupos armados y sostuvo que esta práctica constituye un crimen de guerra y una grave infracción del derecho internacional humanitario.
El Gobierno anunció que presentará las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y que trabaja, junto con el Ministerio de Justicia, en una estrategia para reforzar la respuesta estatal frente al reclutamiento ilícito. La iniciativa contempla posibles modificaciones penales, un endurecimiento de las sanciones y una mayor persecución de las estructuras de mando y de las redes encargadas de captar menores.
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El reclutamiento infantil, en el centro del debate
La muerte de los tres adolescentes vuelve a poner el reclutamiento de menores en el centro de la discusión sobre la violencia armada en Colombia. Las zonas rurales donde operan las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas se encuentran entre los territorios más afectados por esta práctica, que expone a niños y adolescentes a actividades de combate, explotación y violencia.
Human Rights Watch ha advertido sobre el incremento del reclutamiento de menores en Colombia y estimó que alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por esta práctica desde 2021. La organización ha instado al Gobierno a adoptar medidas para proteger a los menores y enfrentar a las estructuras responsables de su captación.
Las cifras de Medicina Legal también muestran la dimensión del debate sobre las operaciones aéreas. Durante el Gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2022, se registraron 367 personas fallecidas en bombardeos militares, entre ellas 42 menores. Durante la Administración de Gustavo Petro, con corte al 31 de mayo, la cifra ascendió a 458 fallecidos, incluidos 62 menores.
El caso del Guaviare vuelve a plantear el difícil equilibrio entre las operaciones militares contra grupos armados y la obligación del Estado de proteger a los menores atrapados en el conflicto.
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Con EFE y medios locales
