La gobernadora firma la resolución apoyada en el 250 aniversario estadounidense
SAN JUAN. – Con un bolígrafo en mano y rodeada de legisladores, funcionarios y figuras de la sociedad civil, la gobernadora Jenniffer González estampó su firma este viernes en una orden que busca cambiar el rumbo político de la isla caribeña.
Se trata de la Resolución Conjunta 66-2026, un documento oficial enviado directamente a Washington para reclamar la integración formal de Puerto Rico como el estado número 51 de los Estados Unidos. La firma coincide con la antesala de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la nación norteamericana.
«Hoy firmé la Resolución Conjunta 66-2026, una medida de administración que conmemora el 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos y confirma la petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados», anunció la mandataria en sus plataformas digitales tras encabezar el acto institucional.
El reclamo reaviva el histórico debate sobre la condición territorial del archipiélago. González enfatizó que la exigencia no es un capricho del Ejecutivo, sino el mandato expreso del electorado boricua.
«Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión», aseveró la gobernadora.
La postura de González contrasta de frente con los sectores locales que promueven mantener el estatus actual de Estado Libre Asociado o dar el paso hacia la independencia soberana.
La relación entre ambas partes se remonta a 1898, cuando tropas estadounidenses ocuparon la isla en el marco de la guerra hispano-estadounidense. Pese a que los puertorriqueños obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 1917, el territorio se ha mantenido bajo un esquema colonial subordinado a la legislación del Congreso norteamericano.
Bajo este modelo, los residentes de la isla no pagan impuestos federales sobre ingresos personales, pero sí aportan al Seguro Social y Medicare, al tiempo que reciben una asignación presupuestaria inferior a la de cualquiera de los 50 estados continentales. La pelota queda ahora, una vez más, en el tejado del Capitolio estadounidense.
