Ni la bajada de las temperaturas ni el pronóstico de lluvias han disuadido a cientos de manifestantes por la crisis de vivienda que este lunes 28 de septiembre ajustan su tercer día acampados en la madrileña Puerta del Sol, el punto más céntrico de la capital española.
«Vamos a seguir apretando con convocatorias en otras ciudades del país»
Las movilizaciones amenazan con expandirse por todo el territorio nacional. El Sindicat de Llogateres de Cataluña ha convocado para este lunes en Barcelona una manifestación frente al lugar donde se celebra un acto en el que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además, hay más movilizaciones previstas este lunes en Sevilla, Zaragoza, Murcia y Asturias, según comunicó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. «Vamos a seguir apretando con convocatorias en otras ciudades del país», adelantó Alicia del Río, una de las portavoces de la organización.
La expectativa aumenta de cara a la reunión del Consejo de Ministros el martes 29 de septiembre, en la que, según el presidente, se aprobará un real decreto para «aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles».
Pero las negociaciones son complejas. Los partidos de la oposición de derecha PP y Vox votarán en contra, mientras las distintas facciones difieren en sus peticiones.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid exige al Ejecutivo socialista que esta norma incluya medidas para establecer contratos de alquiler de renovación automática, un congelamiento de los precios de los arrendamientos y la suspensión de los desahucios siempre que no exista una alternativa habitacional.
La organización ha nombrado a esta iniciativa como el «Decreto Mari Carmen», en alusión a la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda el 23 de septiembre después de que esta fuera adquirida por un fondo inmobiliario.
La expulsión de la octogenaria de la casa en la que vivió por siete décadas, en medio de un robusto despliegue policial, derivó en una protesta de más de 30.000 personas el sábado, tras la cual se convocó a la acampada en la Puerta del Sol.
Los manifestantes dudan del alcance que tendrá el decreto anunciado por el Gobierno y si este incluirá medidas como la imposición de los contratos de alquiler indefinidos. Del Río abogó por una redacción «íntegra» del documento, al que se refirió como «una medida de mínimos».
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, del oficialista Partido Socialista (PSOE), confesó que será «un lunes muy largo» y de intensas negociaciones con las diversas fuerzas parlamentarias para asegurar que el real decreto sea validado en el Congreso de los Diputados.
La estampa de las tiendas de campaña levantadas en la Puerta del Sol rememoró a muchos lo vivido durante el estallido social del 15M, en 2011, cuando la plaza fue ocupada durante un mes por activistas que se manifestaban contra las medidas de austeridad adoptadas durante la crisis financiera mundial.
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«Un punto de inflexión»: partidos de izquierda cierran filas ante un decreto total
Las bancadas políticas que se encuentran más a la izquierda del Partido Socialista (PSOE) ofrecieron este lunes una rueda de prensa a las afueras del hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde se encuentra ingresada Maricarmen Abascal desde el día de su desahucio.
La comparecencia sirvió a los movimientos progresistas —Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG— para mostrar unidad frente a la petición del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para la aprobación urgente de un decreto sobre la vivienda.
«Llevamos mucho tiempo empujando al Partido Socialista, que ha ido arrastrando los pies para poner medidas eficaces», denunció la ministra de Sanidad, Mónica García, del partido Más Madrid, quien ha señalado el caso de MariCarmen como «un punto de inflexión».
García abogó por congelar los precios «absolutamente desorbitados» de los alquileres, así como por «eliminar los desahucios». Pese a ello, consideró que aún se está «lejos» de lograrse la aprobación de un decreto con dichas ambiciones.
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, también duda de que se den las condiciones para «un real decreto asumible para la ciudadanía y el Parlamento».
El ministro de Cultura y líder de Sumar, Ernest Urtasun, reveló que las diferencias con el PSOE radican en su negativa para aprobar la prórroga automática de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la moratoria a los desahucios.
Entretanto, el secretario de Organización de Podemos y candidato a la alcaldía de Madrid, Pablo Fernández, ha propuesto incluir otras medidas en el decreto sobre la vivienda, entre ellas una ley para abaratar el precio de los alquileres, un veto a la adquisición de vivienda para otros fines que no sean residenciales y la expropiación de viviendas a los fondos inmobiliarios con el fin de ponerlas en alquiler social.
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Los alquileres se han duplicado de media en la última década en España, e incluso más en regiones como Madrid, Cataluña, Valencia o las Islas Baleares, superando con creces el crecimiento de los salarios, según los datos de los principales portales inmobiliarios.
Desde Barcelona, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abogó por «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico» e hizo un llamado a las comunidades autónomas a que apliquen la ley de vivienda aprobada en 2023, que, entre otras cosas, limita la subida de los alquileres en las denominadas zonas tensionadas.
Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de vivienda. Algunas regiones en manos de los partidos de derecha —como Madrid, donde gobierna el Partido Popular— aún se niegan a aplicar la ley estatal de vivienda impulsada por el Ejecutivo central.
La oposición choca con el Gobierno y los manifestantes
Alberto Núñez Feijóo, líder de la principal fuerza de la oposición —el conservador Partido Popular—, abogó por rebajar los impuestos y acelerar la construcción de vivienda para aliviar la actual crisis habitacional.
Pero la fórmula de Feijóo, quien asegura que «nada va a resolverse mientras no se construya un millón de viviendas nuevas que hacen falta en España», fue desestimada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.
«Que las casas sean para vivir, que haya topes de precios»
«Se está intentando engañar a la población diciendo que la solución a este problema es construir más. Esto es una engañifa. Lo más importante de todo es regular el mercado para que esté intervenido a favor de la gente, que las casas sean para vivir, que haya topes de precios», respondió este lunes la portavoz del Sindicato, Alicia del Río.
España tiene un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco Central, que estima que esa cifra podría superar el millón en 2028. Peor aún, solo se construyen unas 120.000 al año, una sexta parte del ritmo anterior a la crisis financiera de 2008.
Entretanto, el alcalde de la capital, José Luis Rodríguez Almeida, también del derechista Partido Popular, mostró su «sorpresa» e «indignación» por la acampada, de la que acusó por inacción a la Delegación del Gobierno central.
Almeida exigió «reponer cuanto antes» la normalidad en la Puerta del Sol, sede de la casa de Gobierno regional, e incluso amenazó con «consecuencias legales» para el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en caso de que no se levanten las tiendas de campaña del kilómetro cero.
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Con EFE, Reuters y medios locales
