El imputado dio positivo a alcoholimetría con 0.91 miligramos de alcohol por litro de aire.
SANTO DOMINGO.— El conductor Manuel Joaquín Payán Morales deberá cumplir dos meses de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 5 de agosto en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, que provocó la muerte de tres personas, entre ellas una menor de edad.
La medida fue impuesta por la jueza Elianny Mena Ureña, de la Cuarta Sala del Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público, que atribuye al imputado haber causado el accidente mientras conducía una camioneta en estado de embriaguez.
Payán Morales cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-17), conforme a la decisión judicial.
Según la acusación presentada por el procurador fiscal Alcedo Magarín, el imputado se desplazaba en una Chevrolet Colorado, año 2019, cuando atropelló a las víctimas en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, esquina avenida República de Colombia, próximo a una estación de combustibles, en el Distrito Nacional.
El impacto provocó la muerte de Dieufort Gesner, de nacionalidad haitiana, además de una mujer y una menor de edad.
Uno de los principales elementos presentados por el Ministerio Público fue la prueba de alcoholimetría, que registró 0.91 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, resultado que, de acuerdo con la acusación, supera ampliamente el límite establecido por la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Durante la audiencia también fueron incorporados como evidencias el acta de tránsito levantada por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el acta de arresto en flagrante delito, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como los documentos de identificación del conductor y del vehículo involucrado.
Al evaluar las pruebas aportadas, el tribunal consideró razonable la vinculación del imputado con los hechos investigados y determinó que la prisión preventiva era la medida más adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.
El Ministerio Público otorgó al proceso una calificación jurídica provisional por presunta violación de los artículos 256, 303, numeral 5, y 304, numeral 2, de la Ley 63-17.
La revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 12 de octubre de 2026, a las 9:00 de la mañana.
