La Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
El Ministerio Público presentó este miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional una solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, a quienes vincula con un entramado de corrupción administrativa relacionado con la sustracción de fondos públicos mediante el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la investigación desarrollada por el órgano acusador y afirmó que 10 de los 26 imputados han admitido los hechos que se les atribuyen.
La audiencia, iniciada este miércoles, fue aplazada por el juez Rigoberto Sena para este jueves 24 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde. El aplazamiento se produjo pasadas las 10:00 de la noche, luego de que el Ministerio Público presentara sus conclusiones y solicitara las medidas de coerción.
Fiscalía sustenta solicitud con 483 pruebas
El Ministerio Público depositó ante el tribunal un total de 483 pruebas para sustentar su solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
El conjunto está compuesto por 234 pruebas documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 pruebas periciales, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia.
Wilson Camacho, procurador adjunto y director general de Persecución, presentó las pruebas y argumentos utilizados por el Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva contra los 26 arrestados.
El equipo litigante está encabezado por Mirna Ortiz y Wilson Camacho, junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
El Ministerio Público pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de que, según la acusación, se trata de delincuencia organizada.
Ortiz sostuvo que el bien jurídico afectado no se limita al aspecto económico, sino que está relacionado con el derecho fundamental a la salud de los beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. Según explicó, a pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los que tenían derecho.
La Fiscalía solicitó que la prisión preventiva sea impuesta por 18 meses, al considerar que esa medida permitiría garantizar la continuidad de la investigación, así como la seguridad de las víctimas y de los potenciales elementos de prueba que puedan ser recopilados durante el proceso.
Nuevos imputados y vínculos con Cobra
La solicitud de prisión preventiva abarca a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ysabel Heredia Vallejo, Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La Operación Cobra 2.0-A constituye una segunda etapa del proceso iniciado el año pasado con la Operación Cobra, mediante la cual fueron arrestados Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, además de Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A los involucrados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que durante la investigación obtuvo evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público también relaciona esta investigación con la Operación Onco14, ejecutada en junio y que produjo el arresto de tres personas vinculadas, según la acusación, a maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y el SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Con la judicialización de los imputados, el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según sostiene, fueron sustraídos al Estado dominicano.
