Armerías son investigadas por comercialización ilícita de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Garantías económicas de entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida del país, fueron impuestas a propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum, desplegada por el Ministerio Público contra la comercialización ilícita de armas de fuego y pertrechos.
Las medidas fueron dictadas por jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este contra 10 imputados vinculados a investigaciones por presuntas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En el Distrito Nacional, la mayor garantía económica, de RD$4,000,000, fue impuesta a Braulio Veras Rodríguez. Henry Leónidas Tejeda Peralta deberá responder por una garantía de RD$3,500,000, mientras que a Alexis Díaz Rodríguez le fue fijada en RD$3,000,000. Las tres fueron establecidas mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
También fueron impuestas garantías de RD$2,000,000 a Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena. Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán presentar garantías de RD$1,000,000 cada uno.
Todos los imputados quedaron sujetos, además, a presentación periódica ante el Ministerio Público y prohibición de salida del país sin autorización judicial.
La acusación fue procesada por la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional. El expediente involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
El fiscal Andrés Mena afirmó, tras concluir la audiencia, que las medidas constituyen parte de la estrategia de persecución penal frente a actividades relacionadas con la comercialización ilegal de armas.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, relacionada con los artículos 66, párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16.
Estas disposiciones contemplan conductas como tenencia ilícita, acopio o almacenamiento ilegal de armas y municiones e intermediación ilícita. Por los hechos imputados, los acusados podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión. La investigación quedó bajo control del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Medidas en Santo Domingo Este
En Santo Domingo Este, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso garantías económicas de RD$500,000 a María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En este caso también fueron ordenadas presentación periódica e impedimento de salida del país. Las pesquisas son realizadas conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Este y abarcan, además, las armerías Los Héctor y Joso Eirl.
18 allanamientos y unas 200 armas ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre por el Ministerio Público, en coordinación con los ministerios de Interior y Policía y de Defensa, así como la Policía Nacional.
El operativo comprendió 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este. Para las acciones fueron desplegados 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores de Defensa y 19 de Interior y Policía.
Durante los allanamientos fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas y cortas, entre pistolas y revólveres, además de unas 40,000 municiones, muchas sin marcaje.
Las autoridades también ocuparon armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, miras láser, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas y pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que carecían de los permisos correspondientes.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, junto con organismos de seguridad del Estado, como parte de la estrategia para fortalecer el control de armas de fuego y sus pertrechos en República Dominicana.
