El sistema registra 59 % de cumplimiento normativo y 40 % de aplicación práctica
Santo Domingo.- El Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Integridad en la República Dominicana 2026 reconoce avances del país en la construcción de su marco legal e institucional de integridad, mientras identifica oportunidades para fortalecer su aplicación, particularmente en el Poder Judicial.
Los resultados de Perspectivas de Anticorrupción e Integridad 2026, publicación de la OCDE que incorpora los Indicadores de Integridad Pública, sitúan al sistema judicial dominicano en 59 % de cumplimiento del marco normativo y 40 % de implementación práctica en la dimensión de integridad judicial.
Los promedios de la OCDE son de 66 % y 45 %, respectivamente. El informe señala que estos resultados muestran una cercanía relativa con los referentes de la organización, pero también evidencian espacios para mejorar la aplicación efectiva de los estándares de integridad.
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Fortalezas del sistema judicial
El diagnóstico destaca las garantías constitucionales de independencia judicial que establecen a los jueces como independientes, imparciales e inamovibles. Estas garantías están respaldadas por la Ley núm. 28-11 del Poder Judicial y la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial.
El estudio también resalta la existencia de un régimen disciplinario estructurado, con causales objetivas de destitución y una escala de sanciones orientada a reducir la arbitrariedad.
Otro elemento valorado es la profesionalización del sistema. El ingreso a la carrera judicial se realiza mediante concursos organizados por la Escuela Nacional de la Judicatura, bajo criterios de mérito en la etapa inicial.
En materia ética, existe un Código de Comportamiento aplicable a los actores del Poder Judicial, además de la obligación de declaración de bienes para los jueces.
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OCDE plantea áreas de mejora
Entre las oportunidades identificadas figuran institucionalizar procesos de ascenso plenamente basados en mérito, ampliar la transparencia en la publicación de vacantes judiciales y procedimientos de selección, fortalecer la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y establecer estándares más claros en materia disciplinaria.
Según la OCDE, estas medidas contribuirían a reducir la brecha entre las normas y su implementación y permitirían avanzar hacia un sistema de integridad más coherente y efectivo.
El informe señala además que la elaboración de la Primera Estrategia Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción representa una oportunidad para incorporar estas reformas de manera articulada y con metas medibles.
El estudio fue elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, bajo la dirección de Elsa Pilichowski, con orientación de la División de Anticorrupción, Integridad y Gobierno Abierto.
El documento evalúa también conflictos de intereses, transparencia, acceso a la información, control y auditoría, protección de denunciantes e integridad en la toma de decisiones públicas. Los datos corresponden a 2025 o al último año disponible y, en distintas dimensiones, fueron extraídos de la base de Indicadores de Integridad Pública de la OCDE en marzo de 2026.
