Balcácer y Valerio discrepan sobre impacto carcelario y nuevas disposiciones penal
La inminente entrada en vigencia del nuevo Código Penal ha generado posiciones contrapuestas entre los destacados penalistas Carlos Balcácer y Miguel Valerio, quienes discrepan sobre el posible incremento de la población carcelaria, el alcance del cúmulo de penas y las implicaciones de las nuevas tipificaciones delictivas, especialmente en el ámbito de la comunicación digital.
Durante una entrevista concedida al programa D´AGENDA, ambos juristas coincidieron en que la nueva legislación representa una reforma avanzada, aunque difieren en sus efectos prácticos y en la forma en que será aplicada.
El abogado Miguel Valerio sostuvo que, aunque el nuevo Código incorpora delitos que no estaban contemplados en la legislación anterior, ello no necesariamente provocará un crecimiento significativo de la población penitenciaria.
El jurista explicó que la proporción de personas dedicadas a delinquir es reducida en comparación con el conjunto de la sociedad, por lo que consideró incorrecto medir el impacto de la legislación tomando como referencia únicamente a quienes cometen delitos.
Asimismo, destacó que uno de los principales avances del nuevo Código es la incorporación de Principios Generales sustentados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales, otorgando mayor protección a las garantías ciudadanas desde el inicio de la normativa penal.
Balcácer alerta sobre conflictos en la comunicación digital
En contraste, Carlos Balcácer expresó preocupación por las consecuencias que podría generar la aplicación del nuevo Código en el ámbito de la informática y la comunicación digital.
El experimentado penalista advirtió que la expansión de las plataformas digitales, acelerada tras la pandemia del Covid-19, podría derivar en múltiples conflictos jurídicos debido a que determinadas infracciones deberán canalizarse exclusivamente a través del Ministerio Público, salvo las excepciones previstas en la legislación.
Balcácer manifestó además un panorama pesimista sobre la reacción de la población frente a la entrada en vigor del nuevo marco legal, al considerar que surgirán importantes dificultades durante su implementación.
Cuestionan comisión de seguimiento
Los dos especialistas coincidieron en expresar reservas sobre la Comisión de Seguimiento y Socialización creada por el presidente Luis Abinader, cuya misión será organizar el proceso de educación y concienciación sobre el nuevo Código Penal y evaluar los resultados de su aplicación.
Balcácer cuestionó la capacidad de ese organismo para elaborar informes sobre el comportamiento de la población infractora sin mantener un contacto directo con esa realidad.
Balcácer rechaza el aumento y acumulación de penas
El veterano abogado afirmó que le preocupa la entrada en vigencia de un Código que incrementa y acumula las penas, además de considerar que algunas disposiciones no responden a la idiosincrasia dominicana.
A su juicio, el Código Penal representa «la síntesis de la agonía humana», al recordar enseñanzas del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni sobre el significado de las sanciones penales.
También definió la nueva legislación como una «venganza callada y oculta» y criticó la ampliación del régimen punitivo, citando como ejemplo que el tratamiento del delito de robo pasó de cinco artículos en el Código de 1884 a decenas de disposiciones específicas en la nueva normativa.
Valerio considera un absurdo el cúmulo de penas
Por su parte, Miguel Valerio calificó como un «absurdo jurídico» el sistema de cúmulo de penas, al entender que sustituye el criterio anterior, mediante el cual la pena de mayor duración absorbía las sanciones menores.
No obstante, aclaró que el nuevo Código también incorpora mecanismos favorables para la ejecución de las condenas, entre ellos el Medio Libre, que permitiría a infractores primarios responsables de delitos menores cumplir sanciones sin ingresar a prisión.
Respecto a la difamación extorsiva, Valerio manifestó su respaldo a la penalización de esa conducta. Argumentó que existen casos en los que la difusión de fake news provoca graves daños reputacionales y es utilizada como mecanismo de presión económica contra las víctimas, situación que, según explicó, justifica la incorporación de esa figura dentro del nuevo Código Penal.
