La audiencia fue aplazada para el 4 de septiembre por el fallecimiento de un familiar de un abogado.
SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público solicitó una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros vinculados a la presunta red de corrupción que habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La petición fue planteada ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que tenía previsto conocerla este miércoles. Sin embargo, el juez Deybi Timoteo Peguero dispuso el aplazamiento de la audiencia para el 4 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, atendiendo una solicitud de la defensa debido al fallecimiento de un familiar de uno de los abogados.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, encabezó el equipo litigante del Ministerio Público y explicó que la extensión del plazo resulta necesaria debido al volumen y complejidad de las pesquisas.
Camacho señaló que la investigación implica analizar cientos de miles de operaciones, además de abordar la cantidad de personas investigadas y la gravedad de los hechos atribuidos a la estructura.
El funcionario sostuvo que el órgano acusador continúa trabajando en tres estructuras que afectaron a SeNaSa y adelantó que podrían producirse nuevas imputaciones cuando concluya el ciclo de investigación.
“Hay interioridades de las líneas de investigación que no podemos compartir para no afectar las mismas, pero estamos avanzando en las tres estructuras que afectaron a SeNaSa”, explicó.
También indicó que en las tres dimensiones investigadas podrían surgir otras imputaciones y nuevas personas involucradas, aunque precisó que esto ocurrirá cuando las pesquisas hayan concluido.
Durante sus declaraciones, Camacho reveló que uno de los imputados habría manifestado durante un interrogatorio que en SeNaSa “la corrupción era la norma”, afirmación que, según explicó, evidencia la magnitud del trabajo investigativo que enfrenta el Ministerio Público.
En cuanto a la situación jurídica de la imputada Ada Ledesma Ubiera, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario y redujo el monto de la garantía económica, sin objeción del Ministerio Público.
Prisión preventiva y otros procesados
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La misma medida había sido impuesta a Ada Ledesma Ubiera, aunque posteriormente fue variada a arresto domiciliario por razones de salud el pasado 16 de julio.
El proceso, derivado de la Operación Cobra, también involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen distintas medidas de coerción, entre ellas arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez enfrenta el proceso y el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le había sido impuesta en mayo.
El Ministerio Público sostiene que los procesados afectaron a los afiliados de SeNaSa mediante un esquema que habría provocado un perjuicio de miles de millones de pesos a la administradora de riesgos de salud pública.
Entre los cargos atribuidos figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el órgano acusador, durante las pesquisas se han obtenido evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, presuntamente utilizados para distraer recursos mediante maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público afirma que se trata de un esquema de corrupción sistemático que habría operado desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, con participación de funcionarios de la ARS pública y prestadores de servicios de salud.
