Pepca sostiene que la sentencia contiene graves vicios procesales y carece de competencia legal.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), anunció que apelará la sentencia que ordena el pago de RD$7,560,000 a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, al considerar que la decisión está plagada de graves vicios procesales y fue emitida por una jueza que, según afirma, ya no tenía competencia para conocer el expediente.
La Pepca informó que la decisión fue dictada por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pese a que ese tribunal había quedado desapoderado del proceso desde el 24 de octubre de 2025, cuando el caso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, instancia que conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado señalaron que el recurso de apelación será presentado dentro del plazo legal de 20 días, luego de haber recibido la notificación de la sentencia el pasado jueves.
Según explicó Pérez, la resolución también incurre en una desnaturalización de la figura de la astreinte, al convertirla, a juicio del órgano acusador, en una indemnización a favor de un imputado por corrupción administrativa, fijando una suma que calificó de exorbitante.
La decisión judicial dispone el pago de RD$7.56 millones por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con bienes que ya fueron entregados al procesado, quien además reclama la devolución de un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000, de acuerdo con el Ministerio Público.
La Pepca sostuvo además que el tribunal actualmente apoderado del proceso penal tampoco tiene competencia para conocer esa reclamación, debido a que no corresponde a una jurisdicción administrativa.
Álvarez Carbuccia figura entre los imputados del expediente de presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el que también están acusados Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados.
De acuerdo con la acusación, Beras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
El expediente también atribuye a Gómez Canaán el beneficio de contratos adjudicados a las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además del control de sistemas semafóricos, videovigilancia, espionaje tecnológico y presunto sabotaje de la red semafórica.
En el caso de Álvarez Carbuccia, el Ministerio Público le imputa la emisión de certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, acusado de lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violaciones a la Ley de Armas. La primera audiencia del juicio está fijada para el 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
