El Decreto 672-26 dispone compras de bienes y servicios de origen dominicano para programas de asistencia y protección social
Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 672-26, mediante el cual ordena a las instituciones públicas dirigir exclusivamente a las mipymes industriales los procedimientos de contratación destinados a programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.
La disposición, emitida por el presidente Luis Abinader, busca fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos, conforme a las directrices establecidas en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, contenido en el Decreto núm. 52-26.
La medida también plantea mecanismos para fortalecer el tejido productivo nacional mediante la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la administración de los recursos públicos.
Compras destinadas a la producción nacional
El decreto establece que las compras públicas relacionadas con programas especiales de asistencia deberán dirigirse a bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, sin intermediación no autorizada.
La disposición abarca instituciones vinculadas a la protección social y sectorial, entre ellas el Ministerio de Educación (Minerd), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales Supérate, Promese/CAL, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Vivienda, además de otras dependencias del Estado.
Para participar en estos procedimientos, las empresas deberán disponer de un Registro Industrial emitido por Proindustria, contar con la Certificación Mipymes o Mipymes Mujer otorgada por el MICM y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
El decreto contempla además la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Este organismo tendrá entre sus responsabilidades dar seguimiento a la aplicación de la medida, coordinar la oferta productiva y contribuir a garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.
Cuatro meses para modernizar registros
Como parte del proceso de implementación, el decreto establece un plazo no mayor de cuatro meses para que el MICM realice un levantamiento exhaustivo de los bienes y servicios ofrecidos por el sector industrial local.
La medida permitirá identificar la oferta productiva disponible para atender los requerimientos vinculados a las compras públicas destinadas a programas sociales y de protección a sectores vulnerables.
Asimismo, el decreto instruye a Proindustria a modernizar y digitalizar el Registro Industrial, con el propósito de garantizar la trazabilidad de la oferta nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.
Con estas disposiciones, el Poder Ejecutivo establece un esquema de contratación orientado a las mipymes industriales y a la producción nacional para atender programas de asistencia social, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.
