Los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos concedieron este martes 29 de septiembre la solicitud del Departamento de Justicia de suspender el fallo del juez de distrito estadounidense Brian Murphy, con sede en Boston, que declara ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional de deportar a los migrantes a los llamados terceros países.
Según un recuento realizado por grupos de Derechos Humanos, más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países en virtud de la política implementada el año pasado y la gran mayoría ha sido destinada a México.
Esta política es una de las diversas medidas que el Gobierno de Donald Trump ha tomado para cumplir su promesa de deportaciones masivas. El mandatario ha intensificado la represión contra la inmigración —una de sus principales prioridades— desde que regresó al cargo, en enero de 2025.
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La Administración ha llevado a cabo deportaciones a terceros países, concretamente a Sudán del Sur, un país políticamente inestable ante el que el Departamento de Estado de EE. UU. insta a los estadounidenses a evitar debido a los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado, así como a Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana, entre otros países.
El Tribunal Supremo ya había dado la razón al Gobierno en la impugnación legal, suspendiendo una orden preliminar que el juez Murphy había emitido anteriormente en el caso, la cual detenía las deportaciones.
En otra victoria para Trump, el Tribunal Supremo levantó las restricciones que el juez había impuesto para proteger a un grupo de hombres de ser enviados a Sudán del Sur.
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Cómo surgen las deportaciones a terceros países
El caso comenzó en 2025 después de que el Departamento de Seguridad Nacional tomara medidas para intensificar las deportaciones de migrantes que no pueden ser devueltos a ninguno de los países que figuran en sus órdenes de deportación.
La política establecía que los migrantes podían ser expulsados rápidamente y sin previo aviso a terceros países que hubieran ofrecido garantías diplomáticas creíbles de que no perseguirían ni torturarían a las personas. En el caso de las naciones que no hubieran ofrecido tales garantías, se notificaría a los deportados su destino y las autoridades estadounidenses evaluarían la probabilidad de persecución o tortura solo si la persona manifestaba dicho temor por sí misma.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva en nombre de un grupo de migrantes para evitar su deportación a terceros países sin previo aviso y sin darles la oportunidad de exponer los perjuicios a los que podrían enfrentarse.
En febrero, Murphy dictaminó que la política viola los procedimientos de la ley de inmigración y las garantías procesales establecidas en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El debido proceso generalmente exige que el Gobierno notifique y brinde la oportunidad de una audiencia antes de tomar ciertas medidas adversas.
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En una presentación de emergencia ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia afirmó que las deportaciones a terceros países son «una herramienta esencial para expulsar a ciertos extranjeros, incluidos algunos de los peores delincuentes extranjeros».
Pero tanto Murphy como los críticos del Gobierno afirmaron que la política también está dirigida contra los migrantes a quienes se les había otorgado protección legal para evitar su devolución a sus países de origen.
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Según los demandantes, esta política ha provocado que terceros países transfieran ilegalmente a personas deportadas a sus países de origen, de los cuales Estados Unidos ya les había otorgado protección, mientras que otras han sido golpeadas, agredidas sexualmente, detenidas o han desaparecido.
Según los demandantes, la Administración ha ignorado «el grave daño que supone la deportación de miles de residentes estadounidenses de larga data, muchos de ellos sin antecedentes penales, a terceros países sin tener en cuenta la persecución o la tortura a la que se enfrentan allí».
El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, confirmó la mayor parte del fallo del juez.
El caso ha sido objeto de una acalorada controversia desde su inicio, e incluyó conclusiones de Murphy que indicaban que el Ejecutivo de Trump «violó o intentó violar repetidamente» sus órdenes.
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En 2025, Murphy determinó que la Administración había violado otra orden que él mismo emitió, la cual exigía medidas adicionales antes de intentar enviar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur.
Más de una docena de expertos en Derechos Humanos de la ONU han escrito al Gobierno estadounidense instándolo a que detenga las políticas que, según dijeron el lunes, están exponiendo a los migrantes a un mayor riesgo de abusos, incluyendo tortura y persecución, al deportarlos a terceros países.
«Quienes corren mayor riesgo son los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, las víctimas de la trata de personas, las personas LGBT, los defensores de los derechos humanos, las personas apátridas y otras personas en situaciones de extrema vulnerabilidad», dijeron, sin documentar casos individuales.
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Con Reuters
