Contrataciones Públicas aclara que la medida es preventiva y no sancionadora
SANTO DOMINGO. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios electos y designados desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, una normativa que endurece las restricciones para que servidores públicos puedan participar en contrataciones con el Estado dominicano.
La institución explicó que entre las medidas adoptadas figura la suspensión de los registros de once senadores, realizada el pasado 19 de junio, como parte de la aplicación del nuevo régimen de inhabilidades establecido por la legislación que comenzó a regir en enero de este año.
De acuerdo con la DGCP, la Ley 47-25 introduce cambios significativos respecto a la derogada Ley 340-06. Mientras la normativa anterior permitía que funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico mantuvieran una participación accionaria de hasta un 10 % en empresas vinculadas a contrataciones públicas, el nuevo marco legal prohíbe cualquier nivel de participación societaria durante el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, el artículo 38 de la ley vigente impide que funcionarios electos o designados ocupen cargos de dirección, gerencia o formen parte de consejos de administración en sociedades que puedan contratar con el Estado.
Aplicación de la nueva normativa
La DGCP recordó que el 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad para solicitar voluntariamente la suspensión de sus registros.
La entidad señaló que una vez vencido ese período procedió a ejecutar las suspensiones de oficio, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26.
Según explicó el organismo rector del sistema de contrataciones públicas, el proceso surgió de labores rutinarias de verificación, cruces de información y debida diligencia destinadas a preservar la confiabilidad e integridad del Registro de Proveedores del Estado.
Medida preventiva, no sancionadora
La institución enfatizó que las suspensiones emitidas mediante el acto administrativo núm. DGCP44-2026-002421 no constituyen sanciones administrativas ni acciones punitivas contra los titulares de los registros.
En ese sentido, precisó que se trata de una medida preventiva cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 47-25, las cuales determinan quiénes están impedidos de contratar con el Estado mientras desempeñan funciones públicas.
“La finalidad es asegurar el estricto cumplimiento de las inhabilidades previstas en la normativa vigente”, sostuvo la entidad a través de una nota de prensa.
Más de 670 suspensiones entre la ley actual y la anterior
La DGCP reveló que durante 2026 ha emitido tres actos administrativos: DGCP44-2026-000893, DGCP44-2026-001477 y DGCP44-2026-002424, mediante los cuales fueron suspendidos de oficio 81 registros de proveedores pertenecientes a funcionarios electos y designados.
La institución también informó que entre 2020 y 2025 emitió un acto administrativo y tres resoluciones que ordenaron la suspensión de oficio de 591 registros de proveedores correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas para el período 2024-2028 y sociedades comerciales vinculadas, en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la entonces vigente Ley 340-06.
Transparencia y control
La aplicación de la Ley 47-25 marca una nueva etapa en el régimen de contrataciones públicas al ampliar las restricciones para funcionarios y fortalecer los mecanismos de control del Registro de Proveedores del Estado. La DGCP sostiene que estas acciones forman parte de su mandato de velar por la transparencia, prevenir conflictos de interés y garantizar la integridad de los procesos de contratación gubernamental.
