La medida preventiva se mantiene mientras avanzan investigaciones penales por presuntos delitos contra la Administración pública.
Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ratificó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las empresas Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., luego de rechazar los recursos de reconsideración presentados contra el acto administrativo núm. DGCP44-2025-004600, emitido el 20 de noviembre de 2025.
La decisión mantiene vigente la medida preventiva mientras la Procuraduría General de la República (PGR) desarrolla investigaciones penales por presuntos delitos contra la Administración pública relacionados con procedimientos de contratación estatal.
La DGCP explicó que los registros de ambas empresas, junto con los de otras 18 sociedades comerciales, fueron suspendidos de oficio en noviembre de 2025, luego de una investigación realizada conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
Según el órgano rector, esa investigación identificó indicios de vinculación con una estructura de proveedores que presuntamente habría manipulado procesos de contratación estatal mediante prácticas fraudulentas, con efectos sobre la libre competencia y la igualdad de participación de los oferentes.
DGCP defiende carácter preventivo de la medida
En las resoluciones que rechazaron los recursos, la DGCP precisó que la suspensión del RPE no constituye una sanción penal ni una condena anticipada, por lo que no implica una vulneración de la presunción de inocencia.
La institución sostuvo que se trata de una medida cautelar, preventiva y temporal, sustentada en el artículo 25 de la Ley núm. 107-13 de Procedimiento Administrativo y en el régimen de inhabilitaciones contemplado en la Ley núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación núm. 416-23, vigentes al momento de la decisión.
La DGCP señaló además que la condición de proveedor activo del Estado no representa un derecho absoluto, debido a que la permanencia en el RPE está condicionada al cumplimiento continuo de principios de integridad, transparencia e idoneidad.
Empresas no desvirtuaron los fundamentos
Al evaluar los recursos de Condelca y Empresas Integradas, la DGCP concluyó que ninguna de las dos sociedades presentó elementos probatorios o documentos suficientes para desvirtuar los fundamentos legales y cautelares que originaron la suspensión.
El organismo indicó que las expectativas de las empresas no pueden colocarse por encima de la protección del interés general, la libre competencia y la prevención de la corrupción.
Como parte de su protocolo institucional, las resoluciones RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026 fueron notificadas a la PGR, la PEPCA, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la DIGEIG.
La DGCP reiteró que la medida tiene como finalidad proteger el patrimonio público, preservar la integridad administrativa y reducir riesgos frente a presuntos ilícitos penales en los procesos de contratación pública.
