El tribunal determinó que el proceso superó ampliamente el plazo legal tras casi 11 años de actuaciones judiciales
La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la extinción de la acción penal a favor del empresario ítalo-canadiense Antonio Carbone, luego de rechazar el recurso presentado por el Ministerio Público contra la decisión que había declarado vencido el plazo máximo de duración del proceso.
La decisión está contenida en la Sentencia Penal núm. 502-2026-SSEN-001041, dictada el 30 de septiembre de 2026, correspondiente al expediente NUC 063-15-01157. El tribunal ratificó así el fallo emitido el 19 de enero de 2026 por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
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Un proceso de casi 11 años
Según la sentencia, entre la imposición de la medida de coerción, ocurrida el 28 de enero de 2015, y el conocimiento de la solicitud de extinción, el 19 de enero de 2026, transcurrieron 10 años, 11 meses y 22 días.
La Corte consideró que ese período excedió ampliamente el plazo de tres años establecido en la Ley núm. 76-02, aplicable al caso, además de la extensión de 12 meses prevista para la tramitación de recursos.
Los jueces Luis O. Jiménez Rosa y Teófilo Andújar Sánchez, en sustitución de la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte, quien se encontraba de vacaciones, suscribieron la decisión.
El tribunal señaló que la extinción no responde exclusivamente a un cálculo matemático, sino que requiere analizar las circunstancias del proceso, la conducta de las partes y las causas de las dilaciones.
Entre los retrasos identificados figuran 10 meses y 10 días entre la imposición de la medida de coerción y la presentación de la acusación, aplazamientos vinculados con recusaciones, inhibiciones y reorganización del tribunal, así como 14 meses de demora durante la etapa de apelación por la falta de traslado de Carbone a la sala de audiencias.
La Corte precisó que este último retraso no era atribuible al imputado, quien permanecía privado de libertad.
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Defensa destaca fallo favorable
El proceso se originó en una acusación por presunta violación de los artículos 265, 266, 2, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano, relacionados con asociación de malhechores y tentativa de asesinato.
El querellante y actor civil, Fernando Arturo Báez Guerrero, desistió expresamente de su acción mediante un acto notarial fechado el 19 de enero de 2026. La Corte aclaró que este desistimiento fue independiente de la extinción decretada por vencimiento del plazo legal.
La defensa de Antonio Carbone, representada por los abogados Ysmael Molina Carrasco y Ninosca Elizabeth Acosta Ferreiras, sostuvo que el proceso había superado ampliamente el límite establecido por la legislación y que las principales dilaciones no eran atribuibles a su representado.
La Corte también tomó en cuenta que Carbone permaneció en prisión preventiva desde el 28 de enero de 2015 hasta la declaratoria de extinción y consideró que las características del expediente —un imputado, una víctima y un cuadro probatorio delimitado— no justificaban una duración superior a una década.
El Ministerio Público había solicitado revocar la decisión de enero de 2026 y ordenar un nuevo juicio. La defensa pidió declarar inadmisible el recurso o, de manera subsidiaria, rechazarlo.
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Finalmente, el tribunal concluyó que no existían razones para modificar la decisión recurrida. Antonio Carbone quedó además eximido del pago de las costas penales y civiles.
La defensa valoró el fallo como una decisión que restituye derechos fundamentales y sostuvo que su representado siempre estuvo a disposición de la justicia y no incurrió en maniobras dilatorias.
