La Justicia colombiana estudiará si hubo violencia psicológica con incidencia electoral.
El Consejo de Estado de Colombia admitió una demanda de nulidad electoral contra el proceso mediante el cual fue elegido Abelardo de la Espriella como presidente del país, pero rechazó la solicitud de suspender provisionalmente su nombramiento y el de su vicepresidente, José Manuel Restrepo.
La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del máximo tribunal colombiano en materia de administración pública, que consideró que no estaban acreditados los elementos necesarios para ordenar una medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.
La demanda cuestiona actuaciones atribuidas al entonces candidato y a su campaña, a las que los demandantes califican como una presunta estrategia de violencia psicológica contra sectores políticos y sociales rivales.
Tribunal analizará impacto electoral
Entre las expresiones señaladas en la demanda figuran términos como “destripar”, “extirpar”, “dar de baja” y “enemigos de la República”, utilizados durante la campaña electoral.
El Consejo de Estado explicó que la violencia psicológica puede constituir una causal de nulidad electoral. Sin embargo, precisó que no es suficiente demostrar la existencia de determinadas expresiones o conductas.
Según el tribunal, también debe establecerse que esas actuaciones tuvieron capacidad real para afectar la voluntad de los electores y alterar el resultado de los comicios.
Pruebas definirán el futuro del proceso
El tribunal indicó que ahora deberán recopilarse y analizarse las pruebas solicitadas para determinar si las conductas cuestionadas tuvieron incidencia efectiva en la decisión de los votantes y en el resultado electoral.
Ese análisis será realizado en la sentencia que resuelva definitivamente la demanda.
La acción judicial también solicitaba la suspensión provisional del cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo, compañero de fórmula de De la Espriella, petición que igualmente fue rechazada en esta etapa del proceso.
Por el momento, la admisión de la demanda no implica una decisión sobre la validez de la elección presidencial, asunto que deberá ser definido después de la valoración de las pruebas y los argumentos presentados ante el Consejo de Estado. Con datos de Europa Press.
