Proyecto vuelve al Senado tras cambios; limita nuevas licencias por 10 años
SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que regulará los juegos de azar en la República Dominicana, una iniciativa que busca reorganizar un sector con alto impacto económico y fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y recaudación tributaria. Debido a las modificaciones introducidas durante su conocimiento, la pieza deberá regresar al Senado para una nueva revisión.
El proyecto, sometido por los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, establece un marco jurídico unificado para las actividades de apuestas y juegos de azar, tanto presenciales como aquellas que operan mediante plataformas electrónicas, virtuales o interactivas.
La propuesta responde, según sus motivaciones, a la necesidad de actualizar la legislación vigente y consolidar en un solo instrumento legal las disposiciones dispersas que durante años han regulado el sector.
La normativa dispone reglas para la autorización, supervisión y fiscalización de las personas físicas y jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con apuestas y juegos de azar en el territorio nacional. Asimismo, busca garantizar una recaudación más eficiente de los impuestos y tasas que genera esta industria.
Otro de los ejes de la iniciativa es establecer con claridad los derechos, deberes y obligaciones de los operadores, al tiempo que incorpora mecanismos para proteger a los usuarios y reforzar las acciones contra prácticas fraudulentas y el lavado de activos.
El proyecto también contempla un régimen de licencias para las distintas modalidades de juegos de azar, fijando requisitos específicos para quienes deseen operar en este mercado.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la suspensión temporal de nuevas licencias. La iniciativa dispone que, una vez sea publicado el registro oficial de licenciatarios, no podrán otorgarse nuevas autorizaciones para instalar establecimientos de juegos de azar durante un período de diez años.
No obstante, la disposición establece una excepción para los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas, los cuales podrán continuar siendo autorizados conforme a las regulaciones aplicables.
La legislación también endurece las restricciones sobre la ubicación de estos establecimientos. En ese sentido, prohíbe la instalación de bancas, casinos y otros negocios de apuestas a menos de 500 metros lineales de escuelas, colegios, universidades, hospitales, clínicas, iglesias, estancias infantiles, centros del CAID, cuarteles policiales, recintos militares y sedes de los poderes del Estado, entre otras instituciones.
De igual manera, dispone que entre una banca deportiva y otra deberá existir una distancia mínima de 500 metros lineales, con el propósito de controlar la concentración de estos negocios en determinadas zonas.
El ámbito de aplicación de la futura ley abarca tanto los establecimientos físicos como las plataformas digitales, incluyendo las actividades tecnológicas, logísticas y de fabricación vinculadas con la industria del juego.
Sin embargo, el proyecto excluye de su alcance los juegos recreativos o de entretenimiento que no impliquen apuestas con valor económico ni persigan fines de lucro para sus organizadores.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa avanza hacia una nueva etapa legislativa. Al haber sido modificada respecto a la versión aprobada por el Senado, deberá regresar a esa cámara para conocer los cambios antes de completar el proceso de formación de la ley.
De ser finalmente sancionada y promulgada, la normativa representará una de las reformas más amplias del sector en las últimas décadas, al establecer un marco regulatorio orientado a fortalecer la supervisión estatal, aumentar la transparencia de la industria y garantizar un mayor control sobre una actividad de creciente impacto económico y social.
