Volker Turk denuncia la detención de un obispo y el control absoluto del régimen.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acusó a las autoridades de Nicaragua de reprimir las libertades civiles y políticas de la población, alertando sobre la liquidación definitiva de los procesos electorales democráticos.
El pronunciamiento emitido este 22 de julio por el comisionado Volker Turk advierte sobre el desmantelamiento del espacio cívico y la peligrosa erosión del Estado de derecho en la nación centroamericana.
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron profunda preocupación por la concentración del poder bajo la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La entidad internacional señala que el partido oficialista mantiene un dominio absoluto sobre el Parlamento, los municipios y los Consejos Regionales, dejando a los ciudadanos sin opciones políticas reales para votar o postularse a cargos públicos de manera independiente.
Dentro de los abusos denunciados destaca la represión sistemática contra la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas. Las autoridades internacionales expresaron particular alarma por la falta de información oficial sobre el paradero del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien permanece detenido desde el pasado 29 de junio sin que se conozcan detalles sobre su estado de salud o su ubicación actual.
El informe de la comisión también alerta sobre el impacto en los pueblos originarios, señalando que una cuarta parte de los 18 territorios indígenas han sido afectados por concesiones mineras y extractivas. Estas licencias han sido otorgadas por el gobierno nicaragüense sin realizar consultas previas ni contar con el consentimiento libre e informado de las comunidades locales afectadas.
Ante la gravedad de los hechos, el organismo internacional instó al régimen nicaragüense a liberar de inmediato a los detenidos arbitrariamente y restablecer las garantías constitucionales.
La comunidad internacional continuará vigilando la evolución de esta crisis para exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
