El rapto del inspector general y su familia ocurrió en una zona de alta seguridad
Un grupo de hombres armados secuestró al inspector general de la Policía de Haití y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, James Boyard, junto a su esposa y su hija de seis años, en un operativo criminal que evidencia el colapso de la seguridad en Puerto Príncipe. El rapto se produjo el pasado jueves en la carretera Bourdon/Lalue, un corredor irónicamente catalogado por las autoridades como zona de alta seguridad, lo que demuestra la total impunidad con la que operan las pandillas en la capital haitiana.
Fuentes del Ministerio de Defensa bajo condición de anonimato confirmaron el hecho a medios internacionales como el New York Times y al diario local Le Facteur. Los captores ya se han puesto en contacto con el entorno de las víctimas para exigir un rescate por la liberación de la familia. El caso ha encendido alarmas diplomáticas debido a que la hija del funcionario tiene ciudadanía estadounidense.
La banda de ‘Chrisla’ bajo sospecha
Informes preliminares del cuerpo del orden apuntan a que detrás del crimen está la banda de Ti Bwa, una organización delictiva liderada por Christ-Roi Chéry, alias ’Chrisla’. Este cabecilla criminal se encuentra actualmente bajo sanciones de la Unión Europea, al igual que otros jefes de bandas que controlan gran parte del territorio haitiano desde el asesinato del expresidente Jovenel Moise en 2021.
La captura de un alto mando de los cuerpos de seguridad del Estado y la defensa nacional refleja el fracaso de los esfuerzos internacionales por contener la ola de violencia, en un contexto donde las instituciones públicas se muestran cada vez más vulnerables frente al poder de fuego de los grupos armados.
Cifras de una emergencia humanitaria
La situación de orden público en el país vecino mantiene una tendencia crítica que golpea directamente a la población civil de forma diaria. De acuerdo con los informes más recientes de la Organización de las Naciones Unidas, la violencia relacionada con las pandillas ha dejado un saldo trágico en lo que va de año.
- 2,310 muertes registradas.
- 1,106 personas heridas.
- 99 secuestros denunciados.
- 1.5 millones de desplazados internos que han tenido que abandonar sus hogares.
Este último ataque contra la cúpula de seguridad anticipa un recrudecimiento de la tensión política y social, mientras la comunidad internacional debate nuevas estrategias de intervención ante una crisis humanitaria que no da tregua.
