Entidades y comunitarios acusan al consorcio de daños a 575,000 metros cuadrados de vegetación y piden sanciones penales.
Organizaciones ambientales y representantes comunitarios de Manzanillo presentaron una segunda querella ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi para exigir la paralización inmediata de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una, cuya construcción atribuyen a daños en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Los accionantes reclaman US$200 millones en indemnizaciones y condenas de diez años de prisión para dos ejecutivos del consorcio responsable.
La acción judicial fue depositada el viernes 16 de octubre, según informaron este domingo el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y representantes de la comunidad de Manzanillo, en Montecristi.
Los querellantes solicitaron al Ministerio Público que apodere de urgencia al juez de la Instrucción de Montecristi y gestione una medida cautelar extraordinaria para detener los trabajos mientras se conocen las denuncias.
La querella también pide condenar al Consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A. y a las empresas que lo integran: Haina Investments Company, ENERLA Energía de Las Américas y Shell Gas and Power Development.
Denuncian destrucción de 575,000 metros cuadrados
Las organizaciones acusan al consorcio de ocupar terrenos de la zona de amortiguamiento del parque nacional, donde construye dos plantas que operarán con gas natural licuado, dentro de un proyecto cuya inversión supera los US$1,750 millones y que cuenta con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según la querella, entre octubre y noviembre de 2022 fueron destruidos 575,000 metros cuadrados de vegetación virgen. Los terrenos habrían sido rellenados para levantar un terraplén de más de seis metros de altura sobre el cual se construyen las instalaciones.
Los denunciantes sostienen que estos trabajos se realizaron sin estudios previos ni licencia ambiental y alegan que las construcciones vulneran las disposiciones legales que protegen las áreas protegidas.
También atribuyen al consorcio la construcción de una terminal marítima y un gasoducto de 832 metros sobre humedales y lagunas vinculados al sitio Ramsar número 2497. Además, cuestionan la colocación frente a los manglares de una unidad flotante de almacenamiento (FSU) y otra de almacenamiento y regasificación (FSRU).
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Reclaman indemnizaciones y sanciones penales
Los accionantes reclaman el pago de US$200 millones, o su equivalente en pesos dominicanos, por los daños y perjuicios que atribuyen al proyecto y que, según plantean, afectan al parque nacional, la biodiversidad, las comunidades cercanas y los propios querellantes.
Asimismo, solicitan penas de diez años de prisión para Luis Mejía Brache, administrador del Consejo de Administración, y Sharon Cabral Sánchez, secretaria de la Junta de Administración del consorcio.
Esta es la segunda acción judicial promovida por las organizaciones y los comunitarios. En una primera querella, depositada el 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República, solicitaron procesar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, a quien atribuyen responsabilidad por omisión y promoción de la instalación de las plantas en el área protegida.
Los denunciantes fundamentan sus reclamaciones en la Ley 307-04 sobre Pesca y Acuicultura, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Constitución dominicana y otras disposiciones legales, además del Convenio Ramsar.
Advierten que la construcción y posterior operación de las instalaciones podría comprometer los manglares, las lagunas costeras y los estuarios de la bahía de Manzanillo, ecosistemas que contribuyen a la reproducción de especies marinas, la protección costera, la regulación hídrica y la captura de carbono.
Las acusaciones forman parte de una querella presentada por las organizaciones y los comunitarios; el texto suministrado no incluye una respuesta del consorcio ni de las personas señaladas.
