MP dice que detectó autorizaciones médicas cobradas sin realizarse
SANTO DOMINGO.– La audiencia para conocer la medida de coerción contra 26 personas vinculadas por el Ministerio Público a un presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue aplazada para este miércoles 23 de septiembre, luego de que las defensas pidieran tiempo para revisar las pruebas depositadas por los fiscales.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que durante la investigación fueron encontradas autorizaciones médicas que habrían sido facturadas y cobradas al SeNaSa por procedimientos que, según el Ministerio Público, no fueron realizados.
“Un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados del SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”, explicó Ortiz al referirse al caso.
La funcionaria acudió al tribunal junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución; el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público estaba preparado para continuar con la audiencia, pero los abogados de los imputados solicitaron plazos para conocer “las muchas pruebas” presentadas por la acusación.
A esto se sumó la incorporación al proceso de la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades el lunes en horas de la mañana. La Pepca depositó ante el tribunal la solicitud de medida de coerción en su contra.
El juez Rigoberto Sena acogió los planteamientos de las defensas y fijó la continuación de la audiencia para las 2:00 de la tarde de este miércoles, 23 de septiembre.
Prisión preventiva y caso complejo
El Ministerio Público pidió que el proceso sea declarado complejo y solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados, entre ellos Heredia Vallejo y otros 21 médicos, además de Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
La audiencia fue celebrada, por razones de espacio, en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los fiscales sostienen que existen múltiples hechos, víctimas y posibles implicados, y que el expediente corresponde, según su planteamiento, a un esquema de delincuencia organizada.
Una investigación que comenzó con Operación Cobra
El proceso tiene como antecedente la primera etapa de la Operación Cobra, cuando el Ministerio Público arrestó el año pasado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por la acusación como cabecilla del entramado.
También fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A los involucrados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público afirma que durante la investigación ha reunido evidencias de sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos que, según la acusación, habrían sido utilizados para distraer fondos públicos.
El expediente también conecta con la Operación Onco14, ejecutada en junio, mediante la cual fueron arrestadas tres personas por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y el SeNaSa.
Por ese caso cumplen prisión preventiva Héctor Antonio Lora Cruceta y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, mientras Dilcia Isabel Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
