Tribunal declara complejo el caso por la muerte de José Frank Valerio
SANTO DOMINGO. La justicia dominicana ordenó 18 meses de prisión preventiva contra cinco hombres señalados por el Ministerio Público como integrantes de una presunta red de sicariato vinculada al asesinato del dirigente comunitario y político José Frank Valerio, en un caso que ha generado preocupación en Los Alcarrizos por su nivel de planificación y violencia.
La medida fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra Daimy Hernández Zorrilla, Eddy Manuel Arias Recio, Saulo Keli Núñez, Rafael Enrique Amaro Pereyra y Enrique Corniel Jerez, quienes además enfrentarán un proceso declarado de tramitación compleja, acogiendo una solicitud presentada por la Fiscalía.
Según el expediente de investigación, encabezado por la fiscal Anyelina Vicioso, Hernández Zorrilla habría sido la persona que ordenó, coordinó y financió el crimen contra Valerio, quien se desempeñaba como líder comunitario y dirigente del partido Dominicanos por el Cambio (DxC) en el municipio de Los Alcarrizos.
Las pesquisas establecen que el 7 de agosto de 2026 Valerio se encontraba conversando junto a Junior Adiel López Reyes en la parada de motoristas La Compuerta, ubicada en la carretera de Hato Nuevo. En ese lugar ambos fueron interceptados por presuntos integrantes de la estructura criminal.
Durante ese ataque, López Reyes recibió varios impactos de bala que le ocasionaron heridas de gravedad, con un período de recuperación estimado entre seis y doce meses. Sin embargo, Valerio logró salir ileso de ese primer atentado.
No obstante, la investigación indica que una semana después, el 14 de agosto, los acusados habrían vuelto a poner en marcha el plan criminal. De acuerdo con la acusación, Saulo Keli Núñez alertó a varios de los implicados sobre la ubicación de Valerio en la misma parada de motoristas. Poco después, los atacantes llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos que le causaron la muerte.
Durante la audiencia, los fiscales Ramón de la Rosa y Jerjes Pérez sostuvieron que cuentan con diversas evidencias para sustentar la imputación. Entre ellas figuran grabaciones de cámaras de vigilancia que muestran a Hernández Zorrilla en la residencia de Arias Recio, así como informaciones obtenidas durante la investigación que apuntan al supuesto pago de RD$50,000 por la ejecución del crimen.
Asimismo, el Ministerio Público recordó que uno de los imputados, Rafael Enrique Amaro Pereyra, ya había sido sometido previamente a prisión preventiva por un caso de robo agravado.
El juez Reyes Rodríguez dispuso que los cinco acusados cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, mientras las autoridades continúan profundizando las investigaciones sobre este caso que ha conmocionado a la comunidad de Los Alcarrizos.
