Gobierno y sectores clave buscan erradicar la pobreza y crear 1.7M empleos.
El reloj corre para el desarrollo dominicano y el tiempo perdido no se recupera. Con esa premisa clara, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña cerraron el primer Foro Nacional para el Pleno Desarrollo, la plataforma que busca transformar a la República Dominicana en un país desarrollado para el año 2036. No se trata solo de proyecciones macroeconómicas en un papel, sino de un giro que impacte directamente la mesa de cada hogar.
El reto que asume Meta RD 2036 es ambicioso pero concreto: duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real, borrar la pobreza extrema del mapa nacional, generar 1.7 millones de empleos formales y triplicar el salario medio. A esto se suma la meta de lograr el grado de inversión, un sello de confianza que colocaría a la nación entre las economías más competitivas de la región.
Para aterrizar estas ideas a la realidad, el evento —celebrado en el Centro de Convenciones de la Cancillería— reunió al sector privado, la academia y organismos multilaterales. El trabajo técnico se dividió en 14 comités estratégicos que abarcan desde agropecuaria, turismo y tecnología, hasta zonas francas, minería y mipymes.
A diferencia de otros planes coyunturales, la estrategia apunta a construir consensos de largo plazo. Durante el acto de clausura, Abinader fue categórico al señalar la intención del proceso:
“Las propuestas recogidas serán incorporadas al trabajo de Meta RD 2036. No queremos una consulta simbólica, sino participación reflejada en prioridades, decisiones e instrumentos de política pública.”
Asimismo, el mandatario insistió en que el crecimiento debe respaldarse con institucionalidad, mejor educación y seguridad ciudadana, puntualizando que este esfuerzo exige continuidad:
“No es solo una estrategia de Gobierno o una cifra económica. Es un propósito de país. Un horizonte compartido que debe unir generaciones, sectores y voluntades, y trascender gobiernos y ciclos electorales.”
El reto inmediato recae en la ejecución. El compromiso asumido implica traducir las mesas de diálogo en proyectos con responsables asignados, plazos definidos y métricas de evaluación rigurosas. La ruta hacia 2036 ya está trazada; ahora depende de la capacidad del Estado y la sociedad para convertir los consensos en hechos palpables.
