Tribunal mantiene coerción a seis acusados de desfalcar miles de millones del SeNaSa
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros cinco imputados en el caso Operación Cobra, al acoger la solicitud del Ministerio Público y concluir que permanecen intactos los presupuestos que motivaron la imposición de la medida de coerción.
La decisión mantiene en prisión a Hazim Albainy, señalado por el Ministerio Público como el principal responsable de una presunta red de corrupción administrativa que habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante autorizaciones fraudulentas y otras maniobras irregulares.
Al término de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, afirmó que el tribunal consideró que la prisión preventiva sigue siendo la medida “necesaria, idónea y proporcional” para los procesados.
“Estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, expresó Camacho al ofrecer declaraciones a la prensa.
El representante del Ministerio Público participó en la audiencia junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). La vista fue conocida por el juez Deiby Timoteo y, por razones de espacio, se celebró en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Además de Hazim Albainy, la decisión mantiene la prisión preventiva contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Los seis cumplen una medida de 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, impuesta inicialmente en diciembre del año pasado y confirmada posteriormente en abril.
En el expediente también figura Ada Ledesma Ubiera, cuya prisión preventiva fue sustituida por arresto domiciliario el pasado 16 de julio debido a problemas de salud.
La investigación igualmente involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes enfrentan arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país.
Por este mismo proceso también es investigado Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del SeNaSa. El pasado 30 de julio otro tribunal ratificó la prisión preventiva que cumple desde mayo, tras ser vinculado con autorizaciones irregulares de procedimientos médicos. Según el Ministerio Público, intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos.
Las investigaciones de la Operación Cobra abarcan autorizaciones presuntamente fraudulentas emitidas entre enero de 2021 y febrero de 2025. De acuerdo con el órgano acusador, fueron detectadas 4,363 autorizaciones para cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, con un monto que supera los RD$41.1 millones.
El Ministerio Público sostiene que la red operaba mediante un esquema de corrupción organizado desde la dirección ejecutiva del SeNaSa, con la participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud. A los imputados se les atribuyen delitos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La Procuraduría reiteró que continuará impulsando la judicialización del caso con el objetivo de obtener condenas, recuperar los recursos sustraídos al patrimonio público y sancionar a los responsables de un fraude que, según la investigación, afectó directamente a miles de afiliados del SeNaSa.
